Doce estados de Estados Unidos, encabezados por California, presentaron el lunes una demanda ante un tribunal federal del norte de California para bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valorada en aproximadamente 111 000 millones de dólares. La acción judicial, respaldada por fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington —todos de filiación demócrata—, argumenta que la fusión de dos de los cinco mayores distribuidores cinematográficos de Hollywood infringiría la Ley Clayton al reducir sustancialmente la competencia. Según la demanda, la empresa resultante controlaría cerca del 27 % de la distribución de películas de estreno en salas y un porcentaje similar de la concesión de licencias de canales básicos de televisión por cable, lo que, en palabras del fiscal general de California, Rob Bonta, se traduciría en “precios más altos, menor calidad y menos contenido” para el público.

La coalición de estados sostiene que la concentración eliminaría la rivalidad entre los estudios y dañaría tanto a las salas de cine como a los distribuidores de televisión de pago, al tiempo que reduciría las opciones para los creadores y los espectadores. En su presentación, los fiscales pidieron a las empresas que no cierren la transacción hasta que se resuelva el litigio y advirtieron que solicitarán una orden de restricción temporal si se niegan. Desde la óptica de los demandantes, la operación representa un mercado “amañado” que beneficia a un reducido grupo de actores en detrimento del interés público, una línea argumental que, según analistas en Washington, busca contrarrestar la decisión del Departamento de Justicia federal, que en junio había avalado la fusión sin exigir desinversiones ni condiciones.

Paramount calificó la demanda de “fundamentalmente viciada” y defendió que la unión con Warner Bros. Discovery creará un rival más sólido frente a plataformas dominantes como Netflix, Amazon y Apple. La compañía, cuyo director ejecutivo David Ellison es hijo del cofundador de Oracle y estrecho aliado de Donald Trump, Larry Ellison, se ha comprometido a producir al menos treinta películas anuales con una ventana mínima de exhibición en salas de cuarenta y cinco días. El Departamento de Justicia, tras una investigación de ocho meses, concluyó que la operación no perjudicaría la competencia ni a los consumidores estadounidenses, e incluso afirmó que podría “aumentar la competencia en todo el ecosistema de medios y entretenimiento”. No obstante, la aprobación federal ha sido leída por sectores de la industria y por legisladores demócratas como un gesto político hacia los Ellison, en un contexto en el que el presidente Trump ha manifestado públicamente su cercanía con la familia.

El expediente se encuentra ahora en una encrucijada regulatoria con múltiples frentes abiertos. Mientras la justicia federal estadounidense deberá pronunciarse sobre la solicitud de bloqueo, la Comisión Europea se ha fijado el 22 de julio como plazo para decidir si autoriza la compra, después de que Paramount presentara medidas correctivas para disipar las preocupaciones preliminares de Bruselas. En el Reino Unido, el gobierno ha señalado que podría iniciar un procedimiento más exhaustivo para preservar la pluralidad informativa, dado que la fusión pondría bajo un mismo techo a cadenas como CNN y CBS. A ello se suma la oposición de cientos de actores, directores y guionistas de Hollywood, que temen una nueva ola de despidos en una industria ya golpeada por sucesivas consolidaciones. La resolución del litigio en California podría demorarse meses, lo que, según estimaciones de la propia Paramount, generaría costes trimestrales de unos 650 millones de dólares en compensaciones a los accionistas de Warner Bros. Discovery si el cierre se posterga más allá de octubre.