La mañana del sábado 18 de julio, las autoridades de Zacatecas localizaron los cuerpos sin vida de diez personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Cinco de las víctimas aparecieron suspendidas de un puente vehicular en la comunidad de Pozo de Gamboa, semidesnudas y con signos de tortura; otras cuatro fueron abandonadas cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Morelos, y un décimo cuerpo, también con huellas de violencia, fue hallado en Sain Alto. Según reportes oficiales, los cadáveres colgados portaban cartulinas con mensajes que se atribuyen a grupos del crimen organizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que todas las víctimas son hombres; ocho eran originarios de Zacatecas y dos de Durango. Entre los fallecidos se identificó a Ignacio Castrejón Valdez, empresario minero y expresidente municipal de Sombrerete (2016-2018); Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero de ese mismo municipio. También figuraron Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango, y varios empresarios de los sectores de la construcción, la ganadería y los espectáculos. Hasta ahora, las autoridades no han precisado si los tres hallazgos están vinculados, aunque confirmaron que se investiga una posible conexión.

En respuesta, el gobernador David Monreal Ávila ordenó el despliegue inmediato de más de 400 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en un operativo coordinado desde la 11/a. Zona Militar. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que la Fiscalía estatal dispone de una “línea robusta de investigación” que se revelará cuando el proceso lo permita, y recalcó que un hecho de esta magnitud “no se registraba en Zacatecas desde hace mucho tiempo” y no quedará impune.

Zacatecas, en el centro-norte de México, es una de las entidades más castigadas por la violencia derivada de la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se enfrentan por las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. El hallazgo de los cuerpos ocurrió pocos días después de que las autoridades federales reportaran una reducción en los índices de homicidio y de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región. Al cierre de esta edición, no se habían anunciado detenciones y la investigación continúa abierta.