Los padres de la menor, identificada como J.F., presentaron una demanda de 111 páginas en un tribunal del estado de Misuri contra Snap, la empresa matriz de Snapchat con sede en Santa Mónica, California. Según el escrito, el agresor, Gabriel Joel Valentin-Rios, de 25 años en el momento de los hechos, utilizó funciones como 'Quick Add' y 'Snap Maps' para localizar a la víctima y ganarse su confianza, y un avatar Bitmoji para ocultar su edad. Valentin-Rios se declaró culpable y cumple una condena de 18 años de prisión. La demanda acusa a la compañía de diseñar productos 'peligrosos' que facilitan el acoso infantil. Un portavoz de Snap afirmó que la empresa 'se preocupa profundamente por la seguridad' y ha implementado salvaguardas, aunque no detalló cambios específicos.

En Sudamérica, la Policía Federal de Argentina detuvo en la ciudad de Salta a un joven de 21 años acusado de distribuir material de abuso sexual infantil a través de Snapchat. La fiscalía especializada en ciberdelincuencia informó que el video compartido involucraba a menores de 13 años y habría sido producido en el país. En Brasil, la Policía Federal arrestó en flagrante a un hombre de 24 años en Buritizeiro, Minas Gerais, por almacenar 50 archivos con contenido sexual de niños en servidores en línea. En el estado de Paraná, un padre fue detenido por filmar a sus hijas de 10 y 4 años durante el baño y almacenar las imágenes; el hombre también es investigado por amenazar de muerte a la madre de las niñas.

En Canadá, la Policía Montada de Grande Prairie, Alberta, imputó a Joseph Kidd, de 32 años, por agresión sexual, secuestro y confinamiento forzoso contra cuatro víctimas, la menor de 12 años. Las autoridades canadienses señalaron que el sospechoso contactó a las adolescentes a través de redes sociales, aunque no precisaron la plataforma. Kidd fue liberado en dos ocasiones por decisiones judiciales y volvió a delinquir, lo que generó críticas de los investigadores locales sobre el sistema de fianzas.

Estos casos coinciden con un escrutinio creciente sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en delitos contra menores. En Estados Unidos, la demanda contra Snap busca eludir la inmunidad que otorga la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones al centrarse en el diseño del producto y no en el contenido generado por usuarios. En Argentina, el Código Penal castiga la distribución de material de abuso sexual infantil con penas de tres a seis años, agravadas si las víctimas son menores de 13, sin distinguir entre imágenes reales o generadas por inteligencia artificial. Las investigaciones en todos los países continúan y los detenidos aguardan la definición de su situación procesal.