Un grupo de colonos israelíes incendió durante la madrugada del miércoles dos mezquitas en las aldeas cisjordanas de Jiljiliya y Mazra’a al-Nubani, al norte de Ramallah, y pintó consignas como “Venganza” y “Saludos de los detenidos” en los muros calcinados. El ejército israelí confirmó el hallazgo de los templos quemados y las pintadas, pero no identificó a los autores, que huyeron antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Los residentes locales intentaron sofocar las llamas y se enfrentaron a los atacantes; posteriormente, tropas israelíes irrumpieron en la zona lanzando gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. El suceso se produce apenas dos días después de que la policía detuviera a seis sospechosos por incendiar accesos a mezquitas y vehículos en las cercanas localidades de Deir Dibwan y Burqa.

El ataque coincide con un movimiento de profundo calado institucional en Hebrón. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, anunció la eliminación de partes del Acuerdo de Hebrón de 1997, que otorgaba al municipio palestino competencias de planificación y construcción en la zona H2, bajo control de seguridad israelí. En paralelo, el Gobierno aprobó la ampliación de una escuela para colonos en el corazón de la ciudad vieja, donde unos mil judíos viven rodeados de decenas de miles de palestinos. La presidencia palestina calificó la medida de “peligrosa”, advirtió que vulnera el estatus legal y político de la ciudad y pidió a la comunidad internacional que obligue a Israel a retroceder.

Desde las capitales árabes, la condena se articuló en clave religiosa y política. El partido-milicia libanés Hezbolá denunció un “crimen terrorista” que revela el extremismo arraigado en el “entidad de ocupación” y vinculó el momento del ataque con el inicio del año nuevo islámico, interpretándolo como una provocación deliberada. En El Cairo y Argel, medios y líderes religiosos advirtieron que la profanación sistemática de lugares de culto —tanto mezquitas como iglesias— dinamita cualquier horizonte de coexistencia. La Liga Árabe, a través de sus canales habituales, reiteró que la impunidad de la violencia colonizadora alienta una espiral de represalias.

En Europa, la lectura se centró en la legalidad internacional. Analistas en Bruselas y París subrayaron que la anulación unilateral de acuerdos bilaterales y la expansión de asentamientos contravienen el derecho internacional humanitario y las resoluciones del Consejo de Seguridad. La decisión sobre Hebrón, en particular, fue descrita como un golpe directo a la arquitectura de Oslo y a la viabilidad de un futuro Estado palestino. Observadores latinoamericanos, desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, recordaron que la región ha respaldado históricamente la solución de dos Estados y que estos episodios erosionan la credibilidad de los mediadores internacionales.

El entrelazamiento de la violencia de los colonos con medidas administrativas de gran alcance dibuja un escenario de anexión progresiva. Mientras las investigaciones israelíes sobre los incendios avanzan con lentitud y rara vez derivan en procesamientos, la reconfiguración jurídica de Hebrón consolida hechos sobre el terreno. Fuentes diplomáticas en Nueva York temen que la combinación de fuego y decretos convierta la Cisjordania ocupada en un polvorín aún más difícil de contener, sobre todo cuando la guerra en Gaza sigue monopolizando la atención internacional y reduciendo el margen para una desescalada paralela en el resto del territorio palestino.