La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles, en votación definitiva, el proyecto de ley que establece el derecho a la ayuda a morir para pacientes con enfermedades graves e incurables. Con 291 votos a favor y 241 en contra, la cámara baja dio luz verde a un texto que permite a adultos, bajo condiciones estrictas, recibir una sustancia letal autoadministrada o, en caso de incapacidad física, suministrada por un médico o enfermero. La norma, impulsada por el presidente Emmanuel Macron como una de las reformas sociales emblemáticas de su segundo mandato, había sido rechazada en tres ocasiones por el Senado, pero la Constitución francesa otorga la última palabra a la Asamblea Nacional en caso de desacuerdo entre las cámaras.

El texto reserva el acceso a ciudadanos franceses o residentes legales mayores de edad que padezcan una enfermedad incurable en fase avanzada o terminal, con sufrimiento físico o psicológico constante, refractario a tratamientos o considerado insoportable. Quedan excluidos los pacientes con trastornos psiquiátricos graves o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Desde el oficialismo y la izquierda, se defendió la medida como un avance en la autonomía del paciente y la dignidad al final de la vida. La Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad celebró que la ley permitirá 'elegir poner fin a un sufrimiento insoportable'. En contraste, la oposición conservadora, con mayoría en el Senado, y sectores de la Iglesia católica argumentaron que la legislación podría ejercer presión sobre personas mayores o con discapacidad. El exministro del Interior Bruno Retailleau, candidato presidencial de Los Republicanos, afirmó que 'una sociedad basada en la fraternidad no abandona a los más frágiles'.

La aprobación sitúa a Francia en el grupo de países europeos que han regulado la muerte asistida, entre ellos los Países Bajos, Bélgica, España y Suiza, así como Canadá y Uruguay en el continente americano. A diferencia de otros modelos, el texto francés evita los términos 'eutanasia' y 'suicidio asistido' y opta por la expresión 'ayuda a morir', una decisión léxica que, según fuentes parlamentarias, buscó un consenso en un debate que divide a la comunidad médica y política. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que remitirá partes de la ley al Consejo Constitucional para que examine, en particular, el plazo de reflexión de dos días —que los opositores consideran insuficiente—, la capacidad de consentimiento de adultos bajo tutela judicial y el papel de los centros sanitarios en la prestación del servicio. El organismo tiene un mes para pronunciarse y sus decisiones son vinculantes.

El camino legislativo ha sido descrito por el ponente Olivier Falorni como 'una maratón de obstáculos', con catorce años de batallas parlamentarias. La ley se remonta a una convención ciudadana convocada por Macron en 2022, cuyas recomendaciones favorables fueron interrumpidas por la disolución de la Asamblea en 2024. Una vez superado el filtro constitucional, el presidente podrá promulgar el texto y el Gobierno deberá redactar los decretos de aplicación, que definirán aspectos como las sustancias autorizadas y los protocolos de control. Mientras, en el Reino Unido se espera que un proyecto similar regrese al Parlamento en septiembre, y en Italia el debate sigue estancado en comisión, lo que confirma que la regulación del final de la vida continúa siendo uno de los debates éticos más complejos en las democracias occidentales.