Una serie de ataques coordinados sacudió el viernes el norte y el sur de Irak. En Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán, las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos interceptaron y derribaron ocho drones cargados de explosivos entre las 04:19 y las 05:25 de la madrugada, sin que se registraran víctimas. Casi simultáneamente, en la provincia de Suleimaniya, un bombardeo con misiles de gran calibre atribuido a la Guardia Revolucionaria iraní impactó un campamento del partido opositor kurdo-iraní Komala, causando la muerte de nueve de sus combatientes —identificados como peshmergas— y heridas de gravedad a otros tres. Horas después, un segundo ataque con misiles alcanzó otro campamento del mismo grupo en la zona de Surdash, dejando tres heridos adicionales. En el sur del país, una aeronave no tripulada cayó cerca de un camión cisterna en las instalaciones petroleras de Basora sin provocar daños, según el Ministerio de Petróleo iraquí.

La ofensiva múltiple coincidió con la visita oficial del primer ministro iraquí, Ali al-Zaydi, a Washington, donde se reunió con el presidente Donald Trump. Según fuentes de la administración estadounidense, ambos líderes reafirmaron la cooperación en materia de seguridad y el compromiso de Bagdad de confinar todas las armas en manos del Estado antes de finales de septiembre. Desde la óptica de Bagdad, el momento de los ataques fue interpretado como un intento de desacreditar al Gobierno ante la comunidad internacional. Un experto militar iraquí citado por la prensa local afirmó que el objetivo era «mostrar al Ejecutivo como incapaz de imponer su autoridad». La presidencia de la región del Kurdistán condenó enérgicamente los bombardeos iraníes, calificándolos de «violación flagrante de la soberanía iraquí» y de «escalada peligrosa» que amenaza la estabilidad del país. Por su parte, el secretario general de Komala, Abdulá Mohtadi, prometió que la lucha por el derrocamiento del régimen iraní continuará «con más determinación que nunca».

Los acontecimientos ponen de relieve la persistente fragilidad del alto el fuego alcanzado en abril entre Estados Unidos e Irán, que no ha detenido los ataques regulares de Teherán contra grupos opositores kurdos en territorio iraquí ni las acciones de milicias afines a Irán contra intereses estadounidenses. Según analistas en Oriente Medio, la ampliación del radio de acción a la infraestructura petrolera de Basora —motor de las exportaciones iraquíes— introduce un nuevo factor de riesgo económico que podría debilitar la confianza de los inversores internacionales. En círculos diplomáticos occidentales se observa que la simultaneidad de los ataques con la visita de al-Zaydi a la Casa Blanca envía un mensaje político inequívoco: los actores armados no estatales conservan capacidad de desestabilización al margen de los compromisos gubernamentales. La administración Trump, que ha ampliado sus operaciones aéreas contra objetivos en Irán y ha discutido opciones como golpear infraestructura energética o incluso una incursión terrestre limitada, enfrenta sin embargo el escepticismo de analistas que, desde Washington, consideran improbable que una escalada militar fuerce un cambio de cálculo en Teherán.

El Gobierno iraquí se enfrenta ahora a la prueba de traducir sus promesas en medidas concretas antes del plazo autoimpuesto de septiembre para el monopolio estatal de la fuerza. La región del Kurdistán ha instado a Bagdad a perseguir a los responsables de los ataques y a impedir que grupos armados al margen de la ley utilicen su territorio para ajustes de cuentas. Mientras, las conversaciones para transformar la tregua temporal en un acuerdo de paz duradero permanecen estancadas, y tanto Washington como Teherán mantienen un lenguaje de presión militar, aunque con escasas señales de una salida diplomática inmediata.