El presidente argentino Javier Milei ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que modifica de raíz el proceso de designación de los integrantes de la Corte Suprema, eliminando la instancia de impugnaciones ciudadanas y las recomendaciones de diversidad de género, especialidad y origen regional que regían desde 2003. La medida, acordada con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, busca acortar los plazos para cubrir las dos vacantes del máximo tribunal, que actualmente funciona con solo tres ministros. Fuentes oficiales en Buenos Aires defienden que la reforma aportará mayor transparencia y eficiencia, pero en despachos judiciales y entre organizaciones de la sociedad civil ha encendido alertas sobre una posible opacidad en la selección de los futuros magistrados.

El movimiento argentino se inscribe en un momento de redefinición del papel de las altas cortes en América Latina. En Brasil, un ala del Supremo Tribunal Federal (STF) impulsa una intervención más directa en el proceso electoral de 2026, utilizando reclamos constitucionales para revisar decisiones del Tribunal Superior Eleitoral antes de que este se pronuncie. Esta vía, que centraliza en el STF la última palabra sobre la contienda, ha generado debate interno sobre los límites de la Corte en asuntos electorales. Paralelamente, el presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin, ha creado un grupo de estudio para la reforma del Poder Judicial con el fin de evitar nuevos desgastes como los que provocó su intento de instaurar un código de conducta para los ministros. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación endureció las reglas de atención ciudadana mediante un acuerdo que fija plazos de respuesta de hasta 45 días y formaliza el uso de 36 Casas de los Saberes Jurídicos como ventanillas de acceso a la justicia, en un esfuerzo por acercar el tribunal a los sectores más vulnerables.

Desde la óptica europea, España ha optado por una estrategia de refuerzo cuantitativo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció la mayor macroconvocatoria de la historia del país: 700 plazas para jueces y fiscales, de las cuales 575 serán por oposición y 125 por el cuarto turno, reservado a juristas con más de diez años de ejercicio. La iniciativa, que incluye la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, busca aliviar la saturación de los tribunales y acelerar la transformación del sistema judicial español, en contraste con la vía argentina de simplificar requisitos para nombrar cúpulas.

Analistas en Buenos Aires advierten que la eliminación de la participación ciudadana y de los criterios de equilibrio regional y de género podría concentrar aún más el poder de designación en el Ejecutivo, justo cuando el oficialismo evalúa acelerar la renovación de la Corte. La supresión del decreto 222/03, que durante dos décadas funcionó como una autolimitación presidencial, deja el proceso en manos del Ministerio de Justicia y la Presidencia, reduciendo las instancias de control público. En Brasilia, la discusión se centra en la conveniencia de que el STF asuma un rol más activo en la supervisión electoral, mientras en Ciudad de México la prioridad es mejorar la respuesta a una ciudadanía que reclama cada vez más apoyo directo del máximo tribunal.

La simultaneidad de estas reformas revela una tendencia hemisférica a redefinir la relación entre los poderes judiciales, los ejecutivos y la sociedad. Mientras Argentina acelera los nombramientos con menos filtros sociales, España apuesta por ensanchar la base del sistema con más jueces de carrera, y Brasil y México buscan legitimidad mediante mayor presencia en la vida pública o mejor atención al ciudadano. El desafío común, según observadores en Madrid y São Paulo, será equilibrar la eficiencia institucional con la transparencia y la independencia que exigen las democracias contemporáneas.