El Gobierno interino de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez, firmó este lunes en Caracas un memorando de entendimiento con la filial local de General Electric Vernova para restaurar su deteriorada red eléctrica. El pacto, calificado de «paso histórico» por la mandataria encargada, prevé recuperar 1.000 megavatios de generación en los primeros 24 meses y más de 5.000 megavatios en un plazo total de cuatro años. La urgencia del plan se explica por un déficit estructural: según datos oficiales citados en la ceremonia, el país produce actualmente 12.000 megavatios pero consume 14.000, lo que obliga a racionamientos que dejan a diario a Caracas y a buena parte del territorio sin electricidad durante hasta diez horas.

Paralelamente, Colombia anunció desde Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, un proyecto de interconexión eléctrica binacional valorado en 89.900 millones de pesos. La iniciativa, presentada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, incluye la construcción de la planta solar fotovoltaica El Merey, con capacidad de 5 megavatios, destinada a abastecer a más de 1.600 usuarios en la frontera. Aunque de escala modesta, la obra simboliza una nueva etapa de cooperación energética entre Bogotá y Caracas, en un momento en que la estabilidad del suministro se ha convertido en prioridad regional.

La crisis eléctrica venezolana arrastra décadas de desinversión y falta de mantenimiento, agravadas por la salida de técnicos y las sanciones internacionales que dificultaron la adquisición de repuestos. Analistas en Caracas subrayan que el acuerdo con General Electric —cuyo monto de inversión no fue revelado— representa el primer gran contrato con una multinacional estadounidense desde que la administración interina asumió el poder en enero, tras la salida de Nicolás Maduro. La presencia de ejecutivos de GE Vernova en el Palacio de Miraflores fue interpretada como una señal de respaldo de Washington al nuevo Ejecutivo, que enfrenta una presión creciente para restablecer los servicios básicos.

Desde la óptica de Bruselas, el acercamiento entre Venezuela y una empresa emblemática de Estados Unidos podría facilitar un reacomodo diplomático más amplio, siempre que Caracas avance en compromisos políticos y de transparencia. Observadores en Ciudad de México, en tanto, advierten que la materialización de los 5.000 megavatios adicionales exigirá no solo inversión extranjera, sino también una profunda reforma del sector eléctrico y garantías jurídicas que hoy son incipientes. La interconexión con Colombia, por su parte, ofrece una válvula de alivio a corto plazo, pero su capacidad es limitada frente a un sistema que ha perdido más de la mitad de su potencia instalada en la última década.

Ambos anuncios perfilan una estrategia dual: rehabilitar la generación interna con socios tecnológicos de primer nivel y tejer lazos de interdependencia energética con los países vecinos. Si se cumplen los plazos prometidos, los primeros 1.000 megavatios adicionales empezarán a notarse en 2026, aunque expertos del sector recuerdan que la magnitud de las inversiones necesarias y la complejidad logística en un entorno aún marcado por tensiones políticas obligan a mantener un optimismo cauteloso.