El gobierno argentino ha dado un nuevo impulso a la recomposición del Poder Judicial con la publicación del decreto 467/2026, que reforma el procedimiento de selección de jueces de la Corte Suprema, del Procurador General y del Defensor General de la Nación. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, elimina la instancia de observaciones ciudadanas ante el Ejecutivo y suprime la recomendación de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes. En paralelo, el Boletín Oficial formalizó el nombramiento de quince funcionarios judiciales —once en el Poder Judicial y cuatro en los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa— cuyos pliegos habían sido aprobados por el Senado en junio, dentro de un paquete de 75 designaciones que busca cubrir vacantes históricas en tribunales clave. Analistas en Buenos Aires interpretan la aceleración como un intento del Ejecutivo por reconfigurar los equilibrios de poder en la justicia federal, reduciendo plazos administrativos y trasladando la participación ciudadana directamente al Senado.

Desde la óptica del Magreb, Marruecos también ha movido fichas en materia de nombramientos superiores, aunque por la vía legislativa. La Cámara de Representantes adoptó el proyecto de ley orgánica 06.26, que modifica la lista de establecimientos y empresas públicos estratégicos y las funciones superiores que requieren deliberación en el Consejo de Gobierno, en aplicación de los artículos 49 y 92 de la Constitución. La iniciativa, presentada por el ministro delegado Karim Zidane, busca actualizar el perímetro de cargos sometidos a escrutinio colegiado, en un contexto de modernización administrativa. En la misma sesión, los diputados aprobaron una reforma del Código de Derechos Reales para corregir disfunciones en la redacción de actos sobre bienes inmuebles, lo que refleja una agenda de ajustes institucionales que, a diferencia del caso argentino, transita por los cauces parlamentarios.

En Brasilia, la tensión no gira en torno a los nombramientos sino a la delimitación de competencias entre cortes. Un sector del Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para actuar como instancia revisora de las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE), en un movimiento que desafía la gestión del ministro Kassio Nunes Marques. El enfrentamiento quedó expuesto cuando la Primera Turma del STF y el plenario del TSE comenzaron a juzgar simultáneamente un caso sobre las elecciones suplementarias en Roraima. Interlocutores de Kassio afirman que el magistrado busca defender la jurisprudencia del propio TSE, mientras que sus colegas del Supremo pretenden fijar límites a la autonomía electoral. Juristas brasileños advierten que esta pugna podría sentar un precedente sobre el alcance de la revisión judicial en procesos comiciales, con implicaciones para la estabilidad institucional.

Más al norte, en Moscú, la reforma judicial apunta a rejuvenecer las plantillas. El Tribunal Supremo de Rusia remitió a la Duma Estatal un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de cualificación para los trabajadores de los aparatos judiciales en la categoría de “especialista”. La propuesta permitiría nombrar a personas con formación profesional secundaria en derecho o que estén cursando estudios superiores en la misma disciplina, con el objetivo declarado de atraer a jóvenes profesionales a un sistema que compite con el sector privado por el talento jurídico. La medida, aunque modesta en apariencia, revela una preocupación compartida por muchas administraciones: garantizar el relevo generacional en la burocracia judicial sin sacrificar la calidad del servicio.

Estos movimientos simultáneos dibujan un mapa heterogéneo de transformaciones en la gobernanza judicial. Mientras Argentina apuesta por la celeridad ejecutiva y la supresión de filtros considerados superfluos por el oficialismo, Marruecos refuerza el control parlamentario sobre los altos cargos, Brasil lidia con tensiones internas entre sus máximos tribunales y Rusia ensaya una apertura controlada para captar savia nueva. Observadores internacionales coinciden en que cada caso responde a coyunturas políticas y tradiciones jurídicas muy dispares, pero todos comparten un denominador común: la convicción de que las reglas de designación y funcionamiento de la justicia no son neutras y pueden convertirse en una herramienta de primer orden para redefinir el equilibrio de poderes en el Estado.