El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania declaró persona non grata a un integrante de la misión diplomática rusa en Bucarest y le ordenó abandonar el país en un plazo de cinco días. La decisión, comunicada al embajador ruso Vladímir Lipáev durante una convocatoria oficial, se fundamenta en lo que la cancillería rumana describe como reiteradas violaciones del espacio aéreo nacional entre el 24 y el 26 de julio. En ese lapso, las fuerzas armadas rumanas derribaron tres aeronaves no tripuladas que, según la fiscalía rumana, contenían componentes de origen ruso. El Ministerio de Exteriores rumano también anunció el retorno a Bucarest de su embajador en Moscú para consultas, una medida que, desde la óptica de Bruselas, subraya la gravedad que los socios de la OTAN atribuyen a la intrusión de drones en el flanco oriental de la Alianza.

La portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, rechazó las imputaciones y las calificó de “infundadas” y “no motivadas”. Desde Moscú se anticipó una respuesta “adecuada” a lo que se considera un acto inamistoso. El patrón de réplica es conocido: en los últimos años, cada expulsión de personal diplomático ruso por parte de Bucarest ha sido seguida de medidas espejo. En junio de 2023, Rumania exigió una reducción de cuarenta efectivos en la embajada rusa, y Rusia respondió con la imposición de cuotas y la denuncia del acuerdo para abrir un consulado rumano en Rostov del Don, que cerró en diciembre de ese año. Más recientemente, tras la caída de un dron sobre un edificio residencial en Galați en mayo, Rumania clausuró el consulado ruso en Constanza y declaró non grato a su titular; Moscú replicó cerrando el consulado rumano en San Petersburgo y expulsando a su cónsul general.

El episodio actual se inserta en una secuencia de incidentes con drones que ambas capitales interpretan de manera contrapuesta. Las autoridades rumanas afirman que los artefactos derribados son del tipo Shahed, empleado por la Federación Rusa contra Ucrania, y que las pericias oficiales confirman su procedencia. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sostenido que sin una investigación pericial concluyente no es posible atribuir el origen de los drones, y ha recordado que en incidentes similares registrados en Finlandia, Polonia y los países bálticos se determinó posteriormente que se trataba de aparatos ucranianos. Analistas en Europa del Este observan que la reiteración de estos eventos, sumada a la respuesta diplomática, tensa aún más una relación bilateral ya marcada por la reducción drástica de las representaciones consulares y por acusaciones mutuas de actividades incompatibles con la Convención de Viena.

El dossier queda abierto a una nueva ronda de represalias. La práctica diplomática reciente sugiere que Moscú declarará persona non grata a un funcionario de la embajada rumana en los próximos días, mientras que la retirada temporal del embajador rumano en Rusia podría prolongar el vacío de interlocución directa. Para los países de la OTAN, la violación del espacio aéreo de un Estado miembro activa mecanismos de consulta del Artículo 4, aunque hasta ahora la Alianza ha evitado una escalada militar directa. Observadores en América Latina y España siguen el caso como un termómetro de la tensión entre Rusia y la arquitectura de seguridad euroatlántica, en un contexto donde la diplomacia se convierte en el principal campo de respuesta.