El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó el 18 de junio un nuevo ataque letal contra una embarcación en el Pacífico oriental, matando a tres hombres a los que calificó de «narcoterroristas». La operación, parte de la Fuerza Conjunta Southern Spear, se produjo en rutas marítimas que Washington asocia con el tráfico de drogas, aunque, como en ocasiones anteriores, el Pentágono no presentó pruebas públicas de que la nave transportara estupefacientes ni de su vínculo con organizaciones designadas como terroristas. Con este bombardeo, la cifra de fallecidos en ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra embarcaciones asciende al menos a 211 desde septiembre de 2025, según recuentos de agencias internacionales. La escalada se completa con un giro aún más controvertido: el primer ataque con dron en suelo venezolano, que la semana pasada abatió a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador del Tren de Aragua, y que inaugura el uso de fuerza letal selectiva en el hemisferio occidental.

La administración Trump sostiene que el país se encuentra en un «conflicto armado» con los cárteles latinoamericanos y ha justificado los bombardeos como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas y las sobredosis mortales en territorio estadounidense. El presidente afirmó que, tras el inicio de los ataques, el tráfico de narcóticos se redujo un 94%. Sin embargo, desde Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro ha calificado la estrategia de ineficaz: «Matar a los trabajadores del negocio es fácil, pero si se quiere ser efectivo hay que capturar a los jefes». Analistas en Ciudad de México subrayan que el fentanilo —responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis— ingresa fundamentalmente por tierra desde México, donde se produce con precursores químicos importados de China e India, lo que arroja dudas sobre el impacto real de una campaña centrada en interceptar lanchas rápidas en alta mar.

La ofensiva ha generado una tormenta de críticas jurídicas y políticas. La ONU condenó los ataques y recordó que la lucha contra el narcotráfico es tarea de las fuerzas del orden, no de los ejércitos. Legisladores demócratas en Washington exigieron al Pentágono la difusión de videos sin editar de los bombardeos, mientras que expertos en derecho militar han puesto el foco en el primer ataque de septiembre, cuando dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de la embarcación fueron abatidos en un segundo impacto. La Casa Blanca defendió esa acción como «legítima defensa», pero juristas de ambos lados del Atlántico coinciden en que un ataque de remate contra náufragos sería ilegal bajo cualquier circunstancia, exista o no un conflicto armado. La oficina del inspector general del Pentágono anunció en mayo una evaluación del proceso de selección de objetivos, aunque aclaró que no examinará la legalidad de los ataques, sino únicamente el cumplimiento del Ciclo Conjunto de Selección de Objetivos.

Desde la óptica latinoamericana, la campaña despierta recelos sobre la soberanía regional y evoca episodios históricos de intervencionismo. El ataque con dron en el estado Bolívar, ejecutado con inteligencia de la CIA y en coordinación con el gobierno post-Maduro de Delcy Rodríguez, marca, en palabras de analistas en Caracas, «un territorio genuinamente nuevo» para las operaciones letales selectivas de Washington en el continente. Aunque la administración Trump insiste en que los designados como terroristas son combatientes ilegales y que una conclusión confidencial del Departamento de Justicia avala los ataques sin revisión judicial, la falta de transparencia y el creciente número de víctimas alimentan un debate que trasciende las fronteras estadounidenses.

A medida que la operación Southern Spear se prolonga, el escrutinio internacional y doméstico se intensifica. La investigación interna del Pentágono, las demandas de pruebas por parte del Congreso y las condenas de organismos multilaterales podrían obligar a la Casa Blanca a matizar una doctrina que, por ahora, convierte el océano Pacífico y el Caribe en un teatro de guerra sin las salvaguardas tradicionales del derecho internacional humanitario. La eficacia real de los bombardeos para desarticular las redes criminales sigue sin demostrarse, y la pregunta que flota en las capitales de la región no es solo si los abatidos merecían ese destino, sino si una política de fuerza letal indiscriminada puede sostenerse sin erosionar los cimientos del orden hemisférico.