Cada año, Nigeria pierde 280.000 bebés en sus primeros 28 días de vida, una cifra que la sitúa como el segundo país con mayor contribución a la mortalidad neonatal en el mundo. La mayoría de esos fallecimientos, según advierten especialistas en salud pública desde África occidental, son evitables con cuidados cualificados durante el parto y el período neonatal inmediato. La reciente inauguración de un centro de investigación en el estado de Ekiti, respaldado por la Fundación Gates, busca precisamente atajar esas causas prevenibles, pero el desafío es continental: la falta de personal entrenado y de instalaciones adecuadas sigue cobrando vidas en las primeras horas de existencia.

En el sur de Asia, la tragedia se repite con otros rostros. En Bangladés, el fallecimiento de seis recién nacidos en un hospital privado de Daca desencadenó una inusual promesa de castigo por parte del ministro de Salud, quien denunció negligencia y la ausencia de médicos durante emergencias respiratorias. El caso revela un patrón más amplio: incluso en países que han logrado avances notables en la cobertura de partos institucionales, la calidad de la atención sigue siendo profundamente desigual. India, por ejemplo, celebra que el 95,4 % de los nacimientos ya ocurren en centros sanitarios, pero la última encuesta nacional de salud familiar muestra una fractura geográfica y económica. Mientras el 71,7 % de los partos se atienden en hospitales públicos —cifra que sube al 76,6 % en zonas rurales—, las familias con mayores recursos optan por el sector privado, lo que refleja una desconfianza estructural en los servicios gubernamentales y una carga desproporcionada sobre las mujeres más pobres.

Esa desigualdad se entrelaza con la agencia reproductiva. En India, una de cada cinco mujeres de entre 20 y 24 años se casó antes de los 18, y el peso de la anticoncepción sigue recayendo casi exclusivamente sobre ellas, pese a existir métodos para hombres. Analistas en Nueva Delhi subrayan que el matrimonio infantil limita la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y la salud, perpetuando ciclos de vulnerabilidad que el sistema público no logra romper. Mientras, en Irán, la paradoja sanitaria es otra: el país invierte en centros de infertilidad que generan 8.000 nacimientos al año, pero al mismo tiempo registra 20.000 muertes por accidentes de tráfico, una emergencia de salud pública que el ministro de Salud califica de prioridad urgente. La organización de emergencias iraní admite una escasez crónica de ambulancias y ha tenido que recurrir a la capacitación de empleados municipales para cubrir la atención prehospitalaria en zonas rurales y desfavorecidas.

Desde una óptica latinoamericana, estas cifras resultan inquietantemente familiares. La región ha avanzado en la institucionalización del parto, pero persisten brechas de calidad entre el sistema público y el privado, así como una alta mortalidad vial que compite por recursos con la salud materno-infantil. La experiencia de países como México o Colombia muestra que sin inversión simultánea en infraestructura, personal suficiente y mecanismos de rendición de cuentas, los indicadores agregados pueden maquillar realidades de abandono. El caso de Bangladés, donde la falta de ventilación adecuada y la ausencia de médicos provocaron muertes evitables, es un espejo de lo que ocurre en hospitales periféricos de muchas naciones en desarrollo.

Analistas en Bruselas y Nueva Delhi coinciden en que la raíz del problema no es solo presupuestaria, sino de gobernanza y prioridades. La obsesión por conseguir un empleo público estable en India —millones de jóvenes compiten cada año por unos pocos miles de plazas, con tasas de éxito inferiores al 1 %— refleja un mercado laboral incapaz de absorber talento, pero también un sector público que concentra recursos en la burocracia mientras la salud primaria queda desatendida. Fortalecer los sistemas de salud exige, por tanto, no solo más ambulancias o centros de investigación, sino un pacto social que coloque la equidad en el acceso y la calidad de la atención en el centro de las políticas de desarrollo.