La Fiscalía de Río de Janeiro denunció el 26 de junio a dos policías militares por el homicidio calificado de Eduardo de Jesus Ferreira, un niño de 10 años alcanzado por un disparo de fusil en el Complexo do Alemão en 2015. El proceso había sido archivado en 2016 bajo el argumento de legítima defensa, pero fue reabierto en 2024 después de que la madre de la víctima presentara 43 videos y el testimonio de una testigo presencial que, según el Ministerio Público, contradicen la versión policial. El órgano acusador sostiene que los agentes modificaron la escena del crimen para simular un enfrentamiento y solicita que los imputados sean juzgados por un tribunal popular, además de una indemnización mínima de un millón de reales.

Desde la óptica de la defensa de los uniformados, se mantiene que el disparo fue accidental en medio de un tiroteo con delincuentes. Sin embargo, la Fiscalía afirma que el niño estaba sentado a la entrada de su casa, a apenas cuatro metros de los policías, y que el único casquillo de fusil fue hallado por el padre de la víctima. En paralelo, en Argentina, la defensa de un adolescente de 16 años allanado en La Plata con 25 armas y más de 6.700 municiones cuestiona la investigación por no haber considerado su condición de tirador deportivo federado, una disciplina que, según fuentes judiciales locales, permite la práctica supervisada desde los 10 años. El estudio jurídico que lo representa calificó el operativo con fuerzas especiales como desproporcionado y sostuvo que se desviaron recursos que deberían destinarse a combatir el crimen real.

Estos episodios coinciden con otros casos que reflejan la diversidad de respuestas institucionales. En Linköping, Suecia, un joven de 18 años fue imputado por un delito grave de armas después de que la policía hallara en su teléfono móvil videos en los que posaba con una pistola de gas lacrimógeno; el análisis forense determinó que el arma carecía de uso legal y que el entorno del imputado presentaba vínculos con pandillas criminales, según la fiscalía. En Italia, tres menores que viajaban de Bolonia a la playa fueron denunciados al llevar en sus mochilas puños metálicos, un spray urticante de capacidad superior a la permitida, un aturdidor eléctrico de 980.000 voltios y un cuchillo de cocina de 28 centímetros asimilable a un machete. En Maipú, Argentina, un adolescente de 15 años fue aprehendido tras descartar una réplica de arma de fuego durante una persecución policial.

Analistas en América Latina observan que la reapertura del caso Eduardo reactiva el debate sobre la violencia policial y la impunidad en las favelas, mientras que en Europa los procedimientos se orientan a la prevención de la infiltración de menores en redes criminales. En Porto Alegre, Brasil, la denuncia de una familia contra una escuela infantil gestionada por la Brigada Militar por supuestos maltratos verbales —incluida la amenaza de disparar a un niño de tres años— fue archivada por la corregiduría sin hallar indicios de delito, lo que llevó a los padres a recurrir al Ministerio Público. El caso de La Plata permanece en etapa de investigación y la justicia deberá determinar la situación legal del arsenal secuestrado, mientras que en Río el proceso contra los dos policías aguarda la decisión sobre su envío a juicio oral.