El primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el comandante del Ejército, general Rodolphe Heikal, se desplazaron esta semana a Zawtar al-Gharbiyeh, la primera de las “zonas experimentales” del sur del país de la que se retiraron las tropas israelíes en virtud del acuerdo marco tripartito firmado en Washington el mes pasado. Salam izó la bandera nacional y anunció que el Estado “no se limitará a recuperar el territorio, sino que regresará con los habitantes y a ellos”, desplegando al Ejército, reabriendo carreteras, retirando escombros y proporcionando viviendas prefabricadas temporales. La visita se produjo un día después de que el presidente Joseph Aoun, en la Casa Blanca, instara a Donald Trump a garantizar “la retirada total israelí” como paso indispensable para la estabilidad.

Desde Beirut, la iniciativa se presenta como la restauración de la autoridad estatal en una zona donde Hezbolá ha ejercido un control de facto durante años. Según fuentes gubernamentales libanesas, todos los ministerios y consejos están movilizados para facilitar el retorno de los desplazados, y el Ejército ya ha completado el reconocimiento técnico de Zawtar al-Gharbiyeh. En paralelo, medios cercanos a Teherán recogieron las declaraciones de Salam subrayando que el Gobierno empleará “todas sus capacidades” para la recuperación temprana, un encuadre que minimiza el papel de la milicia chií y sitúa al Estado como único actor legítimo.

Sin embargo, el proceso choca con un escollo central: la exigencia israelí, planteada durante las negociaciones, de registrar viviendas sospechosas de albergar depósitos de armas de Hezbolá. De acuerdo con filtraciones recogidas por la prensa libanesa, el Ejército se ha mostrado reacio a ejecutar registros casa por casa para evitar un enfrentamiento directo con la población y la milicia. Un alto mando militar retirado citado en Beirut sostiene que “no hay alternativa a la ejecución” del desarme, pero que se requiere una orden judicial salvo que se declare la zona como área de seguridad. El debate jurídico se complica: el Consejo de Ministros ya adoptó la decisión política de circunscribir las armas al Estado, pero el juez de instrucción militar ha negado haber emitido señal alguna para allanamientos, lo que deja la operación en un limbo legal.

En círculos diplomáticos europeos, especialmente en París, se ha sugerido la creación de una “tercera fuerza” internacional que verifique el cumplimiento del acuerdo, posibilidad que cobra fuerza ante el fin del mandato de la FINUL previsto para finales de 2026. Analistas en Washington interpretan que la administración Trump condiciona el respaldo financiero a la reconstrucción a avances concretos en el desarme, mientras que desde la óptica de Teherán se insiste en que la resistencia es un factor disuasorio frente a Israel. El expediente se encuentra en una fase piloto: el grupo de coordinación militar especial para Líbano supervisa los próximos repliegues israelíes, y se espera que en las próximas semanas se defina el mecanismo para abordar los arsenales ocultos, un paso que pondrá a prueba tanto la cohesión del Gobierno de Salam como la disposición de Hezbolá a ceder su infraestructura militar.