La República Democrática del Congo (RDC) presentó el viernes una demanda contra Ruanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, por el papel de su vecino en el conflicto que desangra el este del país desde hace más de tres décadas. Es la tercera vez que Kinshasa intenta llevar a Ruanda ante este tribunal, después de que retirara una primera demanda en 2001 y la CIJ desestimara la segunda en 2006 por falta de jurisdicción. En esta ocasión, la RDC acusa a Ruanda de incumplir convenciones internacionales sobre prevención del genocidio, discriminación racial, derechos de la mujer y tortura, y solicita a los jueces que ordenen el cese de las presuntas violaciones y el pago de reparaciones a las autoridades congoleñas y a las víctimas.\n\nSegún el escrito presentado en La Haya, Ruanda ha desplegado fuerzas y respaldado a grupos armados —en particular al Movimiento 23 de Marzo (M23)— para ejecutar operaciones militares ilegales en territorio congoleño, lo que ha provocado masacres, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desplazamientos forzados. Ruanda, que aún no ha respondido formalmente a la demanda, ha negado de forma reiterada cualquier apoyo a los rebeldes, aunque expertos de la ONU y gobiernos occidentales han aportado pruebas de que tropas ruandesas combaten junto al M23 y dirigen sus operaciones. Desde la óptica de analistas en África oriental, la ofensiva diplomática de Kinshasa busca contrarrestar la influencia militar de Kigali y forzar una condena internacional que aísle a su vecino.\n\nLa presentación de la demanda coincide con nuevas sanciones de Estados Unidos contra la refinería de oro Gasabo Gold Refinery, con sede en Ruanda, y dos de sus directivos, a quienes Washington acusa de integrar una red que colabora con el M23 para extraer de contrabando minerales de las zonas bajo control rebelde en el este congoleño. El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que al menos 60 kilos de oro, valorados en millones de dólares, fueron introducidos ilegalmente en Ruanda a principios de 2026, con la supervisión de funcionarios y militares ruandeses. Estas medidas se suman a las sanciones impuestas el año pasado por la Unión Europea a la misma refinería y se producen en un momento en que las conversaciones de paz auspiciadas por Washington y Catar apenas logran avances: los combates continúan pese al acuerdo firmado en diciembre por los presidentes de ambos países.\n\nEl conflicto hunde sus raíces en el genocidio ruandés de 1994, cuando extremistas hutus asesinaron a unos 800.000 tutsis y hutus moderados, y el posterior éxodo de un millón de hutus hacia el este de la RDC, lo que avivó tensiones étnicas. Ruanda justificó sus incursiones militares en la necesidad de neutralizar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo hutu que incluye a perpetradores del genocidio y que Kigali califica de “milicia genocida”. Kinshasa niega cualquier colaboración con las FDLR y, junto con Washington, acusa a Ruanda de utilizar a los rebeldes como pretexto para acceder a las riquezas minerales de la región. Observadores en el continente advierten que el recurso a la CIJ se inscribe en un debate más amplio sobre la justicia internacional en África, donde algunos Estados se retiran de la Corte Penal Internacional mientras otros, como la RDC, apuestan por la vía interestatal para exigir responsabilidades. La CIJ examinará ahora la admisibilidad de la demanda, en un contexto de frágil alto el fuego y negociaciones que no han logrado detener la violencia.