El miércoles 22 de julio, una operación de la Unidad Especial de Detectives de la Garda irlandesa culminó con la interceptación de un vehículo en la carretera N2, al sur de Carrickmacross, condado de Monaghan, a pocos kilómetros de la frontera con Irlanda del Norte. Según fuentes de la policía irlandesa, en su interior se halló un artefacto explosivo que el comisario Justin Kelly describió como «extremadamente significativo». El dispositivo contenía explosivos de grado militar, una unidad de potencia y un detonador, y estaba listo para ser usado. La conductora, una mujer de entre 20 y 30 años, fue detenida en el acto y posteriormente imputada, compareciendo el viernes ante el tribunal de distrito de Trim. Un hombre de unos 40 años fue arrestado después y permanece en dependencias policiales de Dublín. El equipo de desactivación de explosivos del Ejército irlandés neutralizó la bomba sin contratiempos.

Las autoridades irlandesas vincularon el intento de atentado con grupos disidentes republicanos que rechazan el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. El comisario Kelly subrayó que «una pequeña minoría de republicanos radicalizados» mantiene una amenaza persistente al no haber entregado las armas. La ministra de Justicia, Jim O’Callaghan, calificó el hallazgo de «muy preocupante», aunque elogió la cooperación transfronteriza con el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI). Desde Londres, el secretario para Irlanda del Norte, Chris Bryant, agradeció la «acción rápida y decisiva» de la Garda, que «sin duda salvó vidas». El subjefe del PSNI, Davy Beck, reafirmó el «compromiso conjunto» de ambas fuerzas para hacer frente a esta amenaza.

En el plano político norirlandés, el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Gavin Robinson, calificó el suceso de «escalofriante» y planteó si el Gobierno irlandés debe redoblar sus esfuerzos contra los disidentes. Por su parte, el representante del Sinn Féin Gerry Kelly condenó el acto como «imprudente» y afirmó que quienes lo perpetraron «no representan a nadie». Analistas en Bruselas señalan que la porosa frontera terrestre entre la República e Irlanda del Norte, preservada tras el Brexit como elemento clave del proceso de paz, sigue siendo un punto vulnerable que exige una vigilancia constante y una coordinación policial estrecha.

El incidente confirma que, a casi tres décadas del pacto de paz, persisten células minoritarias con capacidad operativa. Las investigaciones prosiguen bajo la dirección de la Garda, en coordinación con los servicios de inteligencia británicos, y se espera que en los próximos días puedan presentarse nuevos cargos. La operación, basada en inteligencia previa, evitó un atentado que, según fuentes policiales, podría haber causado víctimas en suelo norirlandés.