La Feria Nacional de la Pequeña y Mediana Edición de Roma, «Più libri più liberi», decidió que para su edición de 2026 los expositores deberán firmar una adhesión a los valores antifascistas y constitucionales. La primera ministra Giorgia Meloni reaccionó de inmediato calificando la medida de «patentino antifascista» —un certificado ideológico— y denunció que la izquierda concibe la libertad de pensamiento solo para quien repite sus consignas. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, añadió una ironía con trasfondo histórico: el Código Penal italiano lleva la firma de Mussolini, y exigir un carné antifascista a quien no quiere reformar ese código revela, a su juicio, una profunda contradicción.

Desde la óptica de la izquierda italiana, la iniciativa no es censura sino un recordatorio de los fundamentos de la República. El presidente de la Asociación Nacional de Partisanos (ANPI), Gianfranco Pagliarulo, defendió que se trata de respetar la Constitución nacida de la Resistencia, y el Partido Democrático acusó a Meloni de sentirse más incómoda ante la palabra antifascismo que ante el regreso de lenguajes y símbolos autoritarios. Sin embargo, dentro del propio centroizquierda surgieron matices: el presidente del PD, Stefano Bonaccini, advirtió que no se derrotará a la derecha solo con el antifascismo, sino ofreciendo respuestas concretas al malestar económico que alimenta el rancor militante. La polémica, en todo caso, ha servido para recomponer a una derecha que encontró en la acusación de censura un terreno común, mientras la izquierda debate si la reivindicación antifascista basta para movilizar a una sociedad agobiada por la inflación y el estancamiento.

El caso italiano no es un episodio aislado en el paisaje europeo. En Francia, la estrategia de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, ha fracturado al Nuevo Frente Popular que hace dos años ilusionó a la izquierda. Según analistas en París, su discurso de campaña para las presidenciales ha incorporado un sesgo antisemita que ha dinamitado la cooperación con socialistas y ecologistas, dejando abierto el camino a una extrema derecha que capitaliza el descontento. La paradoja es doble: mientras en Roma se discute si exigir una profesión de fe antifascista es un acto de libertad o de imposición, en Francia la izquierda radical es acusada de perpetuar exclusiones étnicas y religiosas que contradicen el universalismo republicano.

Observadores en Madrid y en capitales latinoamericanas señalan que estas controversias remiten a tensiones irresueltas sobre cómo las democracias deben relacionarse con su pasado autoritario sin caer en nuevas formas de dogmatismo. En España, la Ley de Memoria Histórica generó debates análogos sobre hasta qué punto el Estado puede obligar a una determinada lectura del pasado. En América Latina, donde las heridas de dictaduras militares siguen abiertas, la exigencia de definiciones antifascistas podría leerse como un intento de blindar el espacio público frente a discursos negacionistas, pero también como un riesgo de restringir la pluralidad en nombre de una verdad oficial. La experiencia italiana de 2026 muestra que el antifascismo, convertido en requisito administrativo, puede avivar justamente aquello que pretende conjurar: la polarización extrema y la desconfianza hacia las instituciones culturales.