La crisis de la niñez libanesa ha alcanzado una dimensión que desborda los titulares bélicos. La Comisión Parlamentaria de la Mujer y el Niño, reunida en Beirut con representantes de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de Educación y Salud, ha exigido un plan de emergencia para atender a los menores atrapados por más de cien días de hostilidades. Según datos difundidos en el encuentro, 247 niños han muerto y 992 han resultado heridos —un promedio de doce víctimas diarias—, mientras que 300.000 se han visto forzados a abandonar sus hogares. La presidenta de la comisión, Inaya Ezzedine, subrayó la necesidad de garantizar atención médica y quirúrgica continua a los heridos hasta los 18 años, y de que el Ministerio de Salud asuma el costo de esos tratamientos. Desde la óptica de Beirut, la urgencia no es solo humanitaria: es una carrera contra el desarraigo psicológico de toda una generación.

Ese desarraigo se palpa en las aulas vacías y en los relatos íntimos del desplazamiento. Miles de familias del sur del Líbano, de la periferia meridional de Beirut y del valle de la Becá abandonaron sus pueblos bajo los bombardeos, y muchas escuelas se transformaron en albergues improvisados. Los estudiantes de los cursos finales afrontan ahora la incertidumbre sobre unos exámenes oficiales que podrían decidir su futuro académico, mientras el eco de las explosiones sustituye al timbre escolar. Un testimonio recogido en medios libaneses describe el desgarro de quien deja atrás “la cosecha de toda una vida”: casas reducidas a escombros, calles borradas del mapa y hasta cementerios profanados por la metralla. Para esos niños, el regreso no será una vuelta a casa, sino la reconstrucción de una memoria fracturada.

Paralelamente, en escenarios muy distintos pero igualmente alarmantes, la violencia sexual contra menores sacude a sociedades latinoamericanas y europeas. En Colombia, un caso que se viralizó como supuesto abuso en un balcón del barrio Chicó Navarra resultó ser una falsa alarma tras el examen médico y el testimonio del menor de siete años; sin embargo, organizaciones como Aldeas Infantiles SOS recuerdan que el 90 % de los abusos reales ocurre en el entorno doméstico, lo que obliga a actuar con cautela pero sin indiferencia. En Argentina, la detención de un policía en Santa Fe acusado de abusar de siete sobrinos durante dos décadas ilustra la persistencia de redes de silencio familiar que solo se rompen cuando una víctima adulta se atreve a hablar. En Francia, la indignación estalló tras la absolución de un animador de actividades extraescolares denunciado por acoso y agresión sexual a varias niñas; colectivos como #MeTooEcole denuncian que la justicia “no está del lado de las pequeñas víctimas”. La respuesta institucional no se ha hecho esperar: el Senado francés ha puesto en marcha una misión de investigación que comenzará sus audiciones de inmediato y promete un mapa nacional de las violencias sexuales cometidas por agentes del sector periescolar antes del otoño.

Analistas en París y en capitales latinoamericanas coinciden en que la protección infantil exige hoy una arquitectura institucional que trascienda la emergencia. La comisión libanesa ha solicitado apoyo psicosocial sostenido, restablecimiento del calendario escolar y una coordinación interministerial que evite que los niños heridos queden desamparados al cumplir la mayoría de edad. En Europa, la senadora Agnès Evren impulsa una cartografía que visibilice zonas de riesgo y protocolos de prevención en actividades extraescolares, mientras que en América Latina el debate se centra en la detección precoz dentro del hogar, donde anida la mayor parte de los abusos. El hilo conductor es la misma fragilidad: ya sea bajo las bombas en el sur del Líbano o en la penumbra de una vivienda familiar en Santa Fe, la infancia solo encuentra escudo cuando el Estado, la escuela y la comunidad tejen una red de vigilancia y cuidado que no se deshilache al primer embate de la crisis.