En Alemania, la pérdida de 15.000 puestos industriales al mes —cifra que supera con creces los 10.000 de 2023— ha encendido las alarmas en el corazón manufacturero de Europa. La crisis que describe el Instituto de Investigación del Mercado Laboral y Ocupación (IAB) no solo afecta a gigantes como Volkswagen o Bosch, sino que vacía los talleres de miles de pequeñas y medianas empresas. Mientras el Gobierno de coalición entre democristianos y socialdemócratas acelera un plan de reformas antes del receso estival, las inversiones huyen hacia destinos con menores costes y mayor certidumbre energética: el nuevo vehículo eléctrico asequible de VW se ensamblará en España y BMW ha inaugurado plantas en Hungría. Desde la óptica de Bruselas, este declive relativo amenaza la capacidad de la Unión Europea para competir en mercados globales.

Al otro lado del espectro geopolítico, la economía iraní exhibe síntomas de una contracción profunda que trasciende el efecto de las sanciones. El índice de gerentes de compras (PMI), llamado "Shamekh" por la Cámara de Comercio iraní, se mantiene por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la recesión. Es un descenso que, como advierten analistas en Teherán, anticipa meses difíciles y desnuda la ineficacia de intervenciones como los precios regulados. La industria automotriz es un espejo de estas distorsiones: durante años, los fabricantes han vendido por debajo del coste real, sobreviviendo gracias a subsidios y a un mercado cautivo. La reciente transferencia de la gestión de Iran Khodro al sector privado, en febrero pasado, generó expectativas de reestructuración, pero sin una liberalización integral de los precios y un entorno normativo estable, la posibilidad de un verdadero cambio se desvanece.

Los efectos sociales no se hacen esperar. El deterioro económico está arrastrando a más menores al trabajo infantil, según denuncian informes surgidos en la capital iraní, que apuntan incluso a un recrudecimiento de la violencia y la explotación sexual. En paralelo, voces del empresariado local, concentradas en las cámaras de comercio, reclaman un papel activo en el diseño de políticas que vayan más allá de la mera eliminación de sanciones. La editorial del diario Donya-e Eqtesad lo resume así: la riqueza de recursos naturales, la juventud formada y la posición geográfica privilegiada de Irán resultan estériles si no se corrigen la baja productividad, la corrupción y la volatilidad regulatoria. La experiencia de economías emergentes en América Latina confirma que la estabilidad institucional es un prerrequisito para que la inversión productiva germine.

El contraste entre ambas crisis ofrece una lección común: los parches temporales, sean exenciones fiscales o controles de precios, no sustituyen a las reformas estructurales. Mientras la Unión Europea debate cómo reforzar su capacidad industrial sin caer en el proteccionismo, en Oriente Medio se evidencia que el alivio externo —un hipotético levantamiento de sanciones— no garantizaría por sí solo un crecimiento sostenible. El caso alemán advierte sobre los peligros de una desindustrialización gradual, pero matizada por un Estado de bienestar robusto; la situación iraní muestra que la ausencia de un marco competitivo convierte la privatización en un mero traspaso de activos sin ganancias de eficiencia. Para los países de América Latina y otras regiones que miran estos procesos, el mensaje es claro: la competitividad se construye con reglas predecibles, inversión en innovación y, sobre todo, con la convicción de que los mercados, cuando se distorsionan, terminan por expulsar a los más vulnerables.