La Corte Suprema de Israel rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan en Gaza, detenido sin cargos desde finales de 2024. El tribunal fundamentó su decisión en «materiales confidenciales» que no fueron compartidos con el acusado ni con su abogado, según confirmó la organización Physicians for Human Rights Israel (PHRI). La resolución, calificada por la ONG como «un profundo fracaso moral», prolonga el encierro en régimen de aislamiento de un pediatra que se ha convertido en símbolo de la vulneración de derechos en el conflicto.

Abu Safiya fue capturado por fuerzas israelíes el 27 de diciembre de 2024, tras negarse a abandonar el hospital Kamal Adwan pese a las órdenes de evacuación forzosa emitidas por el ejército. Desde entonces, permanece recluido en la prisión de Nafha, en el desierto del Néguev, bajo la Ley de Combatientes Ilegales de 2002. Esta norma permite la detención administrativa de extranjeros sospechosos de pertenecer a grupos terroristas o de haber participado en acciones hostiles, sin necesidad de presentar cargos formales ni de celebrar un juicio. Medios israelíes han señalado que las autoridades lo consideran coronel del servicio médico militar de Hamás, una acusación que su entorno niega tajantemente.

El caso de Abu Safiya no es aislado. Al menos otros 13 médicos gazatíes permanecen encarcelados en Israel en condiciones similares, de acuerdo con datos de PHRI. Organizaciones no gubernamentales elevan la cifra de profesionales sanitarios palestinos detenidos sin pruebas desde el 7 de octubre de 2023 a 446. Desde la óptica de analistas europeos, la utilización de pruebas secretas para justificar detenciones indefinidas recuerda a prácticas propias de estados de excepción que vacían de contenido el derecho a la defensa. En América Latina, donde varios países arrastran heridas de dictaduras que recurrieron a figuras como la detención administrativa, la noticia ha reavivado el debate sobre los límites del poder punitivo del Estado en contextos de conflicto armado.

La decisión del máximo tribunal israelí cierra, por ahora, la vía judicial interna. El abogado Naji Abbas, del departamento de prisioneros de PHRI, advirtió que la falta de acceso a las pruebas convierte cualquier defensa en una ficción jurídica. Mientras, la comunidad internacional observa con creciente inquietud: desde Bruselas, el Servicio Europeo de Acción Exterior ha expresado en el pasado su preocupación por la detención de personal médico en Gaza, aunque sin medidas concretas. La prolongación del aislamiento de Abu Safiya, que según denuncias ha sufrido torturas y malos tratos, añade presión sobre un sistema judicial israelí cuestionado por aplicar de forma expansiva una legislación de excepción que, en la práctica, suspende garantías fundamentales incluso para civiles protegidos por el derecho internacional humanitario.