La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves, por siete votos contra dos, que la legislación federal sobre pesticidas impide que los estados exijan advertencias sanitarias adicionales en las etiquetas de herbicidas como el Roundup. La decisión anula de facto decenas de miles de demandas contra Bayer —heredera de Monsanto— que alegaban omisión de alertas sobre un posible riesgo de cáncer. En la Bolsa de Fráncfort, las acciones del conglomerado alemán se dispararon más de un 15% inmediatamente después de conocerse el fallo, en su mayor subida intradía desde 2023.

Desde Leverkusen, Bayer calificó el dictamen como un respaldo a la ciencia y a la claridad regulatoria. Su presidente ejecutivo, Bill Anderson, sostuvo que la sentencia “hace justicia” y permitirá cerrar un capítulo que ha costado a la empresa más de 10.000 millones de dólares en acuerdos e indemnizaciones desde la compra de Monsanto en 2018. El razonamiento del tribunal, expuesto por el juez Brett Kavanaugh, se apoya en que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no clasifica el glifosato como carcinógeno probable y, por tanto, no exige advertencias oncológicas; cualquier requisito estatal adicional contravendría la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. En disidencia, la jueza Ketanji Brown Jackson —con el respaldo de Neil Gorsuch— calificó la decisión de “notable y lamentable”, al considerar que cierra injustificadamente las puertas de los tribunales a los afectados. Organizaciones ambientalistas estadounidenses, como Food and Water Watch, denunciaron un retroceso para la salud pública.

El fallo expone una fractura en la coalición que llevó a Donald Trump a la presidencia. La Casa Blanca respaldó a Bayer ante el Supremo y en febrero firmó una orden ejecutiva para impulsar la producción de glifosato, argumentando razones de seguridad alimentaria. Sin embargo, el movimiento Make America Healthy Again (MAHA), afín al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. —quien ha afirmado repetidamente que el glifosato causa cáncer—, interpreta la medida como una traición a las promesas de reforma del sistema agroalimentario. Encuestas citadas por analistas en Washington muestran que una pluralidad de votantes de Trump considera insuficientes los avances en salud, y en las primarias de Iowa un candidato respaldado por MAHA derrotó al aspirante apoyado por el expresidente. Desde el sector agrícola, grupos de productores habían advertido que una eventual retirada del glifosato del mercado estadounidense generaría una dependencia de importaciones chinas y afectaría la cadena de suministro de alimentos.

La sentencia no extingue por completo el litigio. Permanecen abiertas vías judiciales basadas en defectos de diseño del producto, aunque Bayer confía en que la decisión del Supremo disuada nuevas demandas. El grupo ya había dejado de vender Roundup con glifosato para uso residencial en Estados Unidos y en febrero propuso un acuerdo colectivo de 7.250 millones de dólares para resolver reclamaciones presentes y futuras. La divergencia regulatoria persiste: mientras la EPA mantiene que el glifosato no es carcinógeno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como “probablemente carcinógeno para los humanos”. Con unos 67.000 casos aún pendientes, el desenlace definitivo de la crisis judicial dependerá de la aprobación final del acuerdo colectivo y de la evolución de las causas por defectos de fabricación que todavía tramitan tribunales estatales.