A más de diez días de la segunda vuelta del 7 de junio, la derechista Keiko Fujimori se encamina hacia la presidencia del Perú con una ventaja exigua pero en ascenso, mientras su rival izquierdista, Roberto Sánchez, convoca protestas alegando irregularidades en el proceso de escrutinio. Con el 99,38% de las actas contabilizadas, Fujimori alcanza el 50,11% de los votos válidos frente al 49,89% de Sánchez, una diferencia de unos 39.115 sufragios que mantiene en vilo a la nación andina. Los cerca de 140.000 votos aún pendientes de revisión —en su mayoría procedentes de Lima y de los peruanos en el exterior, donde la candidata es fuerte— podrían ampliar la brecha, pero las impugnaciones presentadas por ambas campañas obligan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a un examen minucioso antes de cualquier proclamación oficial.

La contienda ha reavivado la profunda polarización que divide al país desde el legado del exdictador Alberto Fujimori, padre de la aspirante. Keiko, en su cuarto intento por alcanzar la jefatura del Estado, encarna para sus seguidores la promesa de estabilidad económica y mano firme frente al crimen, mientras que Sánchez, líder de una coalición de izquierda, capitaliza el descontento social y el temor a un retorno del autoritarismo. La prensa peruana detalla cómo la ONPE avanza con lentitud en la resolución de actas observadas, un procedimiento que, aunque legal, ha sido denunciado por el entorno de Sánchez como un intento de favorecer a Fujimori. Desde la óptica de Lima, analistas advierten que la mínima distancia y el alto número de votos impugnados podrían prolongar la incertidumbre durante días o incluso semanas, alimentando la crispación en las calles.

Los medios brasileños subrayan el impacto regional de este desenlace. La posible victoria de Fujimori, con un perfil favorable al libre mercado, sería recibida con alivio en los círculos empresariales de São Paulo y Brasilia, que temen un giro hacia políticas intervencionistas en un socio clave de la Alianza del Pacífico. En Argentina, las crónicas destacan la advertencia de Sánchez de no reconocer un triunfo de su adversaria, un gesto que evoca crisis poselectorales recientes en la región y que ha encendido las alarmas sobre la estabilidad institucional peruana. Analistas en España observan con atención el proceso, conscientes de que una transición accidentada en Lima podría reverberar en la comunidad iberoamericana y en las relaciones comerciales con la Unión Europea.

El desenlace inmediato depende de la resolución de las actas impugnadas y de la capacidad de la ONPE para blindar la legitimidad del resultado. Si la tendencia se consolida, Fujimori asumirá un país fracturado, con un Congreso atomizado y una oposición que ya ha prometido movilización permanente. Las protestas convocadas por Sánchez ponen a prueba la fortaleza de las instituciones y la contención de las fuerzas de seguridad. La comunidad internacional, desde Washington hasta Bruselas, sigue de cerca los acontecimientos, instando a que cualquier disputa se canalice por vías legales. El Perú se asoma a una definición que, más allá de los números, medirá la madurez de su democracia en un contexto de fatiga pandémica y profundas desigualdades.