Japón aplicará a partir del 1 de julio de 2026 un incremento drástico en las tarifas de visado para ciudadanos extranjeros, la primera revisión en 48 años. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, la tasa para un visado de entrada única pasará de 3.000 yenes (unos 18 euros) a 15.000 yenes (aproximadamente 95 euros), mientras que el visado de entrada múltiple se elevará de 6.000 yenes (37 euros) a 30.000 yenes (190 euros). La medida fue aprobada por el gabinete y se justifica por la inflación y los cambios en el tipo de cambio acumulados desde 1978, cuando se fijaron las tarifas actuales. El canciller Toshimitsu Motegi sostuvo en rueda de prensa que la decisión responde “al entorno económico de las últimas cinco décadas” y que no se prevé un impacto inmediato en el turismo receptor.

Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha el mismo día un programa piloto de tramitación acelerada de visados B1/B2 (turismo y negocios). Según informó la agencia Associated Press, el Departamento de Estado ofrecerá a los solicitantes la opción de abonar un recargo de 750 dólares para obtener una cita consular en un plazo máximo de 10 días. Esta tarifa se suma al costo habitual de 185 dólares del visado, lo que eleva el desembolso total a 935 dólares para quienes deseen acogerse a la vía rápida. El plan, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y se aplica a peticiones en ciertos consulados. Las autoridades aclararon que el pago extra no garantiza la aprobación, sino solo una reducción en los tiempos de espera.

Fuentes diplomáticas en Tokio vinculan la subida de tarifas a la necesidad de financiar los crecientes costes administrativos generados por una población extranjera récord de 4,13 millones de personas, así como a los programas de enseñanza del idioma japonés y la lucha contra la inmigración irregular. En paralelo, Washington busca aliviar los cuellos de botella en las oficinas consulares, agravados por los controles migratorios más estrictos introducidos durante el mandato de Trump, que incluyeron depósitos económicos y requisitos adicionales de información personal. Analistas latinoamericanos señalan que ambas medidas afectarán a millones de viajeros de la región: por un lado, Japón es un destino en auge para turistas y empresarios, y por otro, Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de solicitantes de visa de turismo y negocios desde América Latina.

El gobierno japonés también ha elevado los límites máximos para otros trámites migratorios: el coste del cambio de estatus de residencia o la prórroga de estancia podrían llegar a 70.000 yenes (445 euros), y la solicitud de residencia permanente saltará de los 10.000 yenes actuales a 200.000 yenes (1.270 euros). Estas modificaciones, previstas para antes de abril de 2027, se implementarán tras la aprobación legislativa obtenida el mes pasado. Por parte estadounidense, el programa de visa acelerada se someterá a evaluación durante sus primeros meses; si los resultados son positivos, podría extenderse más allá de 2026 o ampliarse a otras representaciones diplomáticas. Ambos procesos reflejan, según académicos consultados, una tendencia global hacia la repercusión directa de los costes de procesamiento migratorio en los usuarios, mientras las potencias ajustan sus políticas al contexto postpandemia.