El Gobierno de Indonesia ha dado un paso decisivo para ampliar la cobertura de su ambicioso Programa de 3 Millones de Viviendas. El ministro del Interior, Muhammad Tito Karnavian, anunció en Yakarta que, junto con el ministro de Vivienda y Asentamientos, Maruarar Sirait, revisará la definición oficial de «sociedad de renta baja» (MBR). El límite de ingresos para personas solteras pasará de 7 a 8,5 millones de rupias mensuales, una corrección al alza que busca incorporar a un segmento más amplio de la población. Al mismo tiempo, se prepara un nuevo instrumento legal para que el acceso a los subsidios habitacionales no dependa del domicilio registrado en el documento de identidad, eliminando así una traba administrativa que excluía a trabajadores que residen en localidades distintas a su empadronamiento oficial.

La iniciativa se inscribe en un esfuerzo más amplio por afinar la política social con criterios de precisión y transparencia. En paralelo, el Ministerio de Vivienda ha extendido el programa de rehabilitación de viviendas autogestionadas (BSPS) a la renovación de pequeños comercios de propietarios de renta baja en barrios como Kalianyar, en la capital, mediante un mecanismo de selección abierta de proveedores que, según las autoridades, ha generado ahorros significativos para el erario. El propio ministro Tito Karnavian rubricó una circular conjunta con la Oficina Central de Estadística (BPS) para respaldar el Censo Económico 2026, convencido de que unas políticas públicas más certeras dependen de datos fiables. Incluso la organización de pantallas gigantes para seguir el Mundial de fútbol, impulsada por una circular del Ministerio del Interior, se presenta como una palanca para dinamizar a los pequeños negocios y las comunidades locales.

La acción gubernamental no se limita al frente habitacional. En Sumatra, el Grupo de Trabajo para la Rehabilitación y Reconstrucción Acelerada tras los desastres hidrometeorológicos que azotaron Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental está ejecutando presupuestos ya asignados por los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Asuntos Sociales, con el objetivo de que la población damnificada no prolongue su situación de precariedad. La coordinación interministerial y la llegada efectiva de los fondos a mediados de 2026 marcan, desde la óptica de analistas en Yakarta, un intento de acortar los plazos de la recuperación permanente.

Fuera de Indonesia, otros gobiernos también maniobran para aliviar la presión sobre los hogares. En Israel, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha exigido al Banco Central un recorte «brusco e inmediato» de los tipos de interés, argumentando que la inflación controlada permite abaratar hipotecas y créditos y acelerar el crecimiento. En Irán, el Ejecutivo se dispone a aumentar la cuantía de las transferencias electrónicas para alimentos y a recuperar el sistema de deciles de renta, con el fin de concentrar la ayuda en los seis deciles más vulnerables; el ministro de Economía ha prometido una propuesta definitiva en dos semanas. Observadores en América Latina y Europa interpretan esta secuencia de ajustes —redefinición de beneficiarios, eliminación de barreras burocráticas, subsidios focalizados y presión sobre la política monetaria— como un síntoma compartido: los Estados ensayan nuevas formas de intervención selectiva para proteger el poder adquisitivo en un contexto global de incertidumbre, donde la calidad de los datos y la agilidad regulatoria se han convertido en activos tan valiosos como los propios presupuestos.