La segunda vuelta presidencial peruana ha entrado en una fase de alta tensión institucional después de que el partido Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, anunciara que no reconocerá el resultado oficial de los comicios. Con el 99 % de las actas procesadas, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja de unos 35.000 votos —apenas 0,2 puntos porcentuales— sobre el aspirante izquierdista, pero la existencia de más de 250.000 sufragios impugnados y la lentitud del escrutinio definitivo han llevado a Sánchez a denunciar falta de transparencia y a convocar movilizaciones en Lima y otras regiones del país.

La extrema polarización del electorado quedó reflejada en un distrito montañoso donde Fujimori y Sánchez empataron a 181 votos cada uno, un microcosmos de la fractura que atraviesa la sociedad peruana. Analistas en Lima subrayan que la ventaja de Fujimori se consolidó gracias al voto del exterior, que revirtió la tendencia inicial favorable a Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, la revisión de las actas observadas —que contienen unos 256.000 votos— podría demorar hasta finales de mes, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo que prolonga la incertidumbre y alimenta las acusaciones de irregularidades.

Desde la óptica de la prensa brasileña, se destaca que el giro en la postura de Sánchez —quien durante los primeros días del conteo, cuando lideraba, había aceptado el proceso— ha agravado la desconfianza en el sistema electoral. El candidato izquierdista y su formación, Juntos por el Perú, hablan ahora de “cambio de reglas” y “deslegitimación del voto ciudadano”, aunque sin detallar las anomalías. Paralelamente, medios españoles recogen la reacción de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, quienes rechazan frontalmente a Fujimori por considerarla “hija de un dictador” y por haber blindado, según denuncian, a los responsables de la represión que dejó 49 muertos durante el gobierno de Dina Boluarte.

La situación evoca los traumas políticos recientes del país andino: el autogolpe fallido de Pedro Castillo, la violenta represión que siguió a su destitución y el legado autoritario del padre de Keiko, Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Observadores internacionales advierten que, si el escrutinio final confirma la victoria de Fujimori por un margen ínfimo, la legitimidad del nuevo gobierno quedará cuestionada desde el primer día, en un clima social ya caldeado por las movilizaciones convocadas para el próximo miércoles.

A la espera de la proclamación oficial, el país se asoma a un escenario de impugnación prolongada y posible conflictividad callejera. La autoridad electoral ha pedido paciencia, pero la combinación de un resultado ajustadísimo, acusaciones cruzadas y una memoria histórica dolorosa amenaza con convertir la transición en una nueva prueba de estrés para la democracia peruana, con repercusiones que se seguirán de cerca desde las capitales latinoamericanas y europeas.