La Marina francesa abordó el 23 de junio el petrolero Deliver en aguas internacionales cercanas a Sicilia, en una operación que el presidente Emmanuel Macron justificó por una supuesta violación del derecho marítimo y por la vinculación del buque con la denominada “flota fantasma” utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales. La nave, de 274 metros de eslora y con bandera de Camerún, había zarpado del puerto ruso de Primorsk, en el Báltico, con destino a Singapur, según los registros de tráfico marítimo. Tras el abordaje, las fuerzas francesas escoltaron al petrolero hasta un fondeadero para realizar inspecciones adicionales, mientras Macron afirmaba en redes sociales que “no permitiremos que la flota fantasma eluda las sanciones y financie el esfuerzo bélico ruso”.

Desde la óptica de París y de Bruselas, la acción se enmarca en una campaña coordinada para estrangular los ingresos energéticos de Moscú. La Unión Europea autorizó a sus Estados miembros a interceptar buques sospechosos en el Mediterráneo, y el propio Macron recordó una operación similar del Reino Unido días antes en el canal de la Mancha. Para las capitales occidentales, el llamado “shadow fleet” está compuesto por centenares de petroleros vetustos, a menudo sin seguros de compañías internacionales reconocidas, que operan con banderas de conveniencia y ocultan a sus verdaderos propietarios. Bruselas ha impuesto sanciones a cerca de 600 de estas embarcaciones, y tanto la UE como Estados Unidos han diseñado paquetes de medidas para prohibir su entrada en puertos europeos y restringir los servicios de mantenimiento y aseguramiento.

Para Moscú, en cambio, estas interceptaciones constituyen un acto de “piratería”, según declaraciones previas del presidente Vladímir Putin recogidas por la prensa rusa. El Kremlin considera que las detenciones vulneran el derecho internacional y ha respondido ampliando las listas de representantes europeos con prohibición de entrada al país. Analistas en Moscú subrayan que la eficacia de los bloqueos es limitada, ya que los buques sancionados pueden operar en jurisdicciones de terceros países y las cargas suelen venderse antes de la descarga, lo que dificulta la trazabilidad.

El Deliver es el quinto petrolero interceptado por Francia desde septiembre de 2025. Los anteriores —Grinch, Boracay, Deyna y Tagor— fueron liberados posteriormente, en algunos casos tras el pago de multas millonarias por irregularidades en la documentación de bandera. La prefectura marítima francesa indicó que el abordaje se produjo por dudas sobre la validez del registro del buque. El Gobierno francés ha anunciado planes para duplicar las sanciones penales y financieras a las naves que no exhiban un pabellón válido o se nieguen a acatar las instrucciones navales. Por el momento, el petrolero permanece retenido a la espera de nuevas verificaciones, sin que se haya fijado un plazo para su eventual liberación.