Un tribunal de inmigración de Estados Unidos ha aprobado la solicitud de residencia permanente del exministro de Finanzas ghanés Kenneth Nana Yaw Ofori-Atta, según confirmaron sus abogados el martes. La decisión, que concede la ansiada ‘green card’ a través del formulario I-485, se produjo tras una vista en la que el juez examinó las circunstancias de los cargos penales que pesan contra él en Ghana. Ofori-Atta, de 66 años, se encontraba en territorio estadounidense desde enero de 2025 para recibir tratamiento contra un cáncer de próstata, y había sido arrestado brevemente por las autoridades migratorias antes de que la justicia ghanesa lo declarara fugitivo y lo acusara formalmente de corrupción en noviembre pasado.

La Oficina del Fiscal Especial (OSP) de Ghana rechazó de inmediato cualquier interpretación que vincule el fallo migratorio con una supuesta desacreditación de los cargos. En un comunicado, el organismo anticorrupción subrayó que no participó en el proceso de inmigración y que su actuación se limita al procedimiento de extradición canalizado a través de la Fiscalía General. Sammy Darko, director de Estrategia de la OSP, precisó que el Departamento de Justicia estadounidense aún no ha confirmado la notificación formal de los cargos al exministro, un extremo que el abogado defensor Frank Davies corrobora al afirmar que su cliente no ha recibido comunicación oficial alguna. Desde la óptica de Accra, la OSP insiste en que Ofori-Atta sigue siendo ciudadano ghanés y está sujeto a una eventual entrega si un tribunal de extradición en Estados Unidos así lo determina.

Analistas jurídicos en Ghana advierten, sin embargo, que la residencia permanente fortalece la posición defensiva del exministro. La abogada Amanda Clinton explicó que la ‘green card’ no otorga inmunidad, pero sí complica el proceso al añadir capas de protección legal. Su colega Martin Kpebu calificó la posible extradición como una “batalla legal larga y muy compleja”, y señaló que el delicado estado de salud de Ofori-Atta podría activar la facultad discrecional de las autoridades estadounidenses para denegar la entrega por razones humanitarias. En círculos diplomáticos europeos, el caso evoca tensiones similares a las que enfrentan países latinoamericanos cuando solicitan la extradición de exfuncionarios refugiados en Estados Unidos, donde los tratados bilaterales conviven con amplios márgenes de apreciación judicial y política.

El debate ha trascendido lo jurídico y ha avivado la polarización política en Ghana. El partido opositor NPP acusó al gobierno de aplicar una justicia selectiva y de instrumentalizar las instituciones contra adversarios, mientras que el exdiputado Ras Mubarak instó al presidente John Mahama a suspender toda cooperación en extradiciones con Washington hasta que Ofori-Atta sea devuelto. En paralelo, el exviceministro de Justicia Alfred Tuah-Yeboah recordó que un futuro gobierno del NPP podría reabrir casos archivados por la actual administración, lo que añade una dimensión de revancha institucional a largo plazo.

El desenlace de este pulso legal definirá no solo el destino judicial de Ofori-Atta, sino también la eficacia de la cooperación bilateral en materia anticorrupción. Mientras la OSP promete perseverar, la combinación de un estatus migratorio reforzado, la salud del acusado y la falta de notificación formal de los cargos dibuja un escenario en el que la extradición se antoja tan factible en el papel como improbable en el corto plazo. Observadores en Washington y en capitales africanas coinciden en que el caso pondrá a prueba la voluntad política de ambos gobiernos y la resistencia de unos mecanismos de asistencia judicial que rara vez se activan sin fricciones diplomáticas.