Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia —a la que se suman los gobernadores de Kentucky y Pensilvania— presentó este jueves una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump. Los fiscales generales, encabezados por los de Rhode Island, California e Illinois, impugnan las condiciones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han impuesto para la entrega de fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional y del Programa de Subvenciones para el Rendimiento del Manejo de Emergencias. Según la demanda, la Casa Blanca exige a los estados verificar la ciudadanía de los votantes, migrar a sistemas de papeletas de papel marcadas a mano, realizar auditorías electorales según criterios federales no especificados y colaborar con las fuerzas federales de inmigración, so pena de perder al menos el 20% de las subvenciones, cuyo monto para los demandantes asciende a unos 148 millones de dólares.

Desde la óptica de los fiscales estatales, la maniobra constituye una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo y de la Cláusula de Gastos de la Constitución, pues el Congreso ya asignó esos recursos sin las ataduras ahora impuestas. “El poder ejecutivo no tiene voz legal en este asunto. Los fondos federales de emergencia no pueden ser tomados como rehenes”, afirmó el fiscal general de Rhode Island, Peter F. Neronha. En contraste, un portavoz de FEMA describió la demanda como “un rechazo partidista de la izquierda a medidas de sentido común para proteger la integridad electoral”, y defendió que los nuevos requisitos garantizan la fiabilidad de los comicios.

El litigio se inscribe en una pulseada jurídica más amplia, en la que la administración republicana ha condicionado partidas de transporte, educación y lucha contra la violencia doméstica a la cooperación estatal con sus prioridades migratorias. Tribunales federales ya bloquearon intentos similares en 2024 y 2025, al considerar que el Ejecutivo no puede redirigir fondos aprobados por el Legislativo. En un frente paralelo, el Departamento de Justicia demandó este mismo jueves a Colorado por conceder matrícula local y ayudas financieras a inmigrantes indocumentados en sus universidades públicas, un beneficio que, según la acusación, discrimina a los ciudadanos de otros estados y viola una ley federal de 1996.

Analistas en Washington señalan que ambas ofensivas legales ponen a prueba el margen de la administración para usar el presupuesto federal como palanca frente a estados que se resisten a sus políticas de inmigración y seguridad electoral. La demanda presentada en Rhode Island solicita a un juez federal que suspenda cautelarmente las condiciones, las anule a escala nacional para los territorios demandantes y obligue a FEMA y al DHS a entregar los fondos sin exigencias adicionales. Se espera una audiencia preliminar en las próximas semanas, mientras los estados advierten que la incertidumbre presupuestaria ya retrasa proyectos de respuesta ante desastres, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.