El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha abierto una investigación formal sobre la relación entre la FIFA y la administración del presidente Donald Trump. El congresista demócrata Jamie Raskin, miembro de mayor rango del comité, remitió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que solicita la entrega de comunicaciones, registros de visitas a las oficinas del organismo en Nueva York y Miami, y una lista de todos los obsequios, pagos o beneficios otorgados al mandatario, su familia o empresas vinculadas. La misiva fija el 9 de agosto de 2026 como plazo para iniciar la colaboración y reclama la comparecencia de Infantino para una entrevista oficial.

Desde la óptica del comité demócrata, la investigación busca determinar si existió un intercambio de favores —quid pro quo— que habría permitido a la FIFA obtener un trato preferente del Departamento de Justicia. Según el escrito de Raskin, la administración Trump archivó causas penales por corrupción internacional en el fútbol que investigaciones previas habían destapado, liberando a condenados y renunciando a la persecución de un esquema de sobornos que involucró a más de veinte países. El congresista también apunta a gestos como la concesión del primer Premio de la Paz de la FIFA a Trump, el alquiler de espacio de oficinas en la Torre Trump y la revisión de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una llamada directa del presidente a Infantino durante el Mundial.

La FIFA, con sede en Zúrich, ha reiterado que sus decisiones disciplinarias y administrativas se adoptan de manera independiente y sin injerencias políticas. En paralelo, las prácticas de venta de entradas para el torneo —que se celebró en Estados Unidos, México y Canadá— ya son objeto de pesquisas por parte de fiscales generales de Nueva York, Nueva Jersey, Texas y California, tras denuncias de aumentos súbitos de precios y cambios unilaterales de localidades. Analistas en Washington señalan que la ofensiva demócrata revive el espectro de los escándalos de corrupción que sacudieron a la FIFA en la década pasada y que derivaron en procesamientos judiciales en suelo estadounidense.

Actualmente, la minoría demócrata carece de la mayoría necesaria para emitir citaciones obligatorias, pero el panorama podría modificarse tras las elecciones legislativas de noviembre de 2026. Si el partido recupera el control de la Cámara, el Comité Judicial quedaría facultado para convertir la solicitud de información en una investigación con plenos poderes de citación. La carta de Raskin advierte que las preguntas formuladas hoy pueden transformarse en procedimientos formales, lo que sitúa el futuro de la cúpula de la FIFA bajo una presión institucional que trasciende el ciclo electoral inmediato.