El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 23 de junio la imputación de 455 personas en una operación nacional de dos semanas contra el fraude sanitario, con reclamaciones falsas que superan los 6.500 millones de dólares. La iniciativa, calificada por el fiscal general Todd Blanche como «el mayor esfuerzo combinado federal y estatal de la historia», abarcó 45 estados y territorios e incluyó la incautación de más de 127 millones en efectivo, vehículos de lujo y joyas. Simultáneamente, el FBI añadió a dos prófugos internacionales —Khalid Ahmed Satary y Emylee Thai— a su lista de «Los más buscados por fraude», acusados de esquemas de pruebas genéticas que defraudaron cientos de millones a Medicare.

Desde la Administración Trump se enfatiza un giro estratégico: abandonar la política de «pagar y luego perseguir» para utilizar análisis avanzado de datos e inteligencia artificial que detecte y bloquee las reclamaciones fraudulentas antes de que el Tesoro desembolse los fondos. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, respaldaron este enfoque interinstitucional. Sin embargo, sectores críticos en el ámbito político estadounidense sostienen que algunas acciones podrían tener motivaciones partidistas, orientadas a estados de tradición demócrata y a programas como Medicaid que los conservadores han buscado recortar.

Los casos destapados revelan una diversidad de mecanismos fraudulentos. En California, diez acusados enfrentan cargos por presentar casi 270 millones en recetas falsas al Medi-Cal; un empresario de hospicios en Los Ángeles habría facturado 27 millones por servicios a pacientes que no eran terminales. En Florida, el cardiólogo Jason Finkelstein está imputado por un esquema de 89 millones que sometió a deportistas universitarios a pruebas cardiovasculares innecesarias, certificando resultados sin revisarlos. A ello se suma la búsqueda de Satary, refugiado en Emiratos Árabes Unidos, y Thai, posiblemente en Vietnam, por un fraude conjunto de casi 690 millones en tests genéticos. En paralelo, un acuerdo civil por 35 millones de dólares de la empresa Labcorp indemnizará a 7,7 millones de personas afectadas por una filtración de datos médicos ocurrida entre 2018 y 2019, con pagos de hasta 5.000 dólares para quienes documenten pérdidas.

El contexto de esta ofensiva se remonta a las pérdidas multimillonarias detectadas durante la pandemia de covid-19: un informe de la Oficina de Pequeños Negocios estimó que el 17 % de los 1,2 billones de dólares en ayudas pudo haber ido a parar a estructuras fraudulentas, con un perjuicio potencial de 200.000 millones. Los nuevos memorandos de entendimiento con la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Seguridad Nacional buscan cruzar datos sobre quejas de telemarketing y movimientos migratorios para identificar a proveedores que facturan servicios no prestados.

Los procesos penales avanzarán en los 57 distritos judiciales federales implicados, mientras que la vista final del acuerdo Labcorp está fijada para agosto de 2026 y los pagos comenzarían a fin de ese año. El Departamento de Justicia ha señalado que esta operación marca el inicio de una campaña sostenida, respaldada por nuevas herramientas de intercambio informativo, para impedir que el dinero público llegue a manos de los defraudadores.