El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos finalizó el 16 de julio una norma que elimina el sistema de “duración del estatus” para las visas F, J e I, estableciendo plazos fijos de permanencia. A partir de su entrada en vigor, prevista para septiembre tras un período de revisión de 60 días, los estudiantes internacionales podrán permanecer un máximo de cuatro años, los periodistas extranjeros 240 días y los reporteros chinos solo 90 días, aunque se permiten prórrogas mediante solicitud formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

El DHS justificó la medida alegando que el mecanismo anterior, vigente desde finales de los años setenta, permitía que extranjeros prolongaran su estancia de forma indefinida como “estudiantes eternos” y dificultaba la supervisión migratoria. Según la agencia, en 2024 se registraron más de 1,8 millones de admisiones con visa de estudiante, un incremento del 11 % respecto al año anterior, y se otorgaron visas a más de 37.000 profesionales de medios, lo que representaba un desafío para el control fronterizo. El secretario Markwayne Mullin afirmó que la norma “restaura la integridad del sistema migratorio” y garantiza que los estudiantes extranjeros se concentren en completar sus estudios y regresar a su país.

Desde el ámbito universitario estadounidense, asociaciones como NAFSA y la Alianza de Presidentes por la Educación Superior y la Inmigración calificaron la norma de obstáculo burocrático innecesario que disuadirá a estudiantes talentosos y debilitará la capacidad de las universidades para atraer talento global. Organizaciones de prensa internacionales, entre ellas Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, advirtieron que la reducción drástica de los plazos limita la cobertura informativa y podría generar represalias contra corresponsales estadounidenses en el exterior. La Embajada de Japón en Washington había solicitado sin éxito períodos de admisión de entre dos y cinco años para los corresponsales, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó anteriormente la propuesta de discriminatoria.

La medida se inscribe en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra la inmigración legal, que ya incluyó la revocación de miles de visados estudiantiles y la suspensión de fondos federales para investigación. Analistas en América Latina señalan que los estudiantes de la región, que representan una proporción significativa de los más de 1,1 millones de alumnos internacionales en Estados Unidos, enfrentarán mayor incertidumbre, especialmente aquellos en programas de doctorado o residencias médicas que superan los cuatro años. La contribución económica de estos estudiantes superó los 50.000 millones de dólares en 2023, según datos oficiales, y varias universidades ya reportan una caída en las matrículas internacionales tras las políticas migratorias recientes.

La norma está sujeta a revisión por el Congreso, de mayoría republicana, aunque no se espera que sea bloqueada. Una vez publicada en el Registro Federal, el período de 60 días concluirá a mediados de septiembre, momento en que los nuevos límites comenzarán a aplicarse. El gobierno de Trump ya había intentado una restricción similar al final de su primer mandato, pero fue desechada por la administración Biden.