
Docentes en Malasia, Brasil y Suecia enfrentan procesos por abuso sexual de menores
Tribunales en tres países avanzan en causas contra educadores acusados de delitos sexuales, con cargos que incluyen agresión física, estupro y producción de material con inteligencia artificial.
La justicia brasileña convirtió en réu al ex profesor de la Universidad de São Paulo Alysson Leandro Barbate Mascaro por delitos de estupro, estupro de vulnerable, importunación sexual y acoso sexual contra exalumnos e integrantes de un grupo de estudios de la Facultad de Derecho. La decisión, de carácter preliminar según la defensa, se suma a procesos similares abiertos en Malasia y Suecia, donde docentes y personal escolar son investigados por agresiones sexuales a menores, lo que refleja una intensificación de la vigilancia institucional sobre conductas en entornos educativos.
En el caso brasileño, la defensa de Mascaro afirmó que la resolución judicial “no representa ningún juicio definitivo” y que el acusado confía en demostrar la licitud de sus relaciones mediante elementos documentales. La universidad había apartado al docente en diciembre de 2024 tras detectar “fuertes indicios” de acoso sexual vertical, figura que describe avances de naturaleza sexual desde una posición de autoridad. Paralelamente, en Kuala Terengganu, Malasia, el maestro Muhammad Izzudin Mohmad Asari se declaró inocente de dos cargos de agresión sexual física contra un exalumno de 13 años, presuntamente cometidos en un hotel en junio pasado. La fiscalía aplica la Ley de Delitos Sexuales contra Niños de 2017, que prevé hasta 20 años de prisión y azotes. El tribunal fijó una fianza de 12.000 ringgit y la próxima audiencia para el 23 de julio.
En Suecia, un hombre con tres condenas previas por pornografía infantil —que trabajó como orientador escolar en el municipio de Jönköping— enfrenta nuevos cargos por tentativa de violación infantil y producción de pornografía infantil generada con inteligencia artificial, además de la posesión de casi 3.000 archivos de material de abuso. Según fuentes judiciales escandinavas, el caso ilustra la reincidencia y el uso de tecnologías emergentes para la comisión de delitos sexuales, lo que ha llevado a fiscales suecos a solicitar penas acumulativas que reflejen el patrón delictivo.
Desde la óptica de analistas jurídicos latinoamericanos, el proceso contra Mascaro reactiva el debate sobre los mecanismos de denuncia y protección en las universidades de la región, donde el acoso sexual vertical ha sido documentado pero rara vez judicializado con esta celeridad. En Europa, expertos en derecho penal destacan que la legislación sueca ya contempla la pornografía infantil generada por IA, mientras que en el sudeste asiático la normativa malasia de 2017 tipifica específicamente la agresión sexual física y no física contra menores, lo que permite una persecución penal más precisa. Las tres causas comparten el elemento común de la relación previa docente-alumno, lo que, según fuentes policiales malasias, fue confirmado en la investigación preliminar del caso de Terengganu.
El estado de los expedientes es dispar: en Brasil, el proceso se encuentra en fase de confirmación de la denuncia y posterior producción de pruebas, bajo secreto judicial; en Malasia, la corte ha programado la próxima mención del caso para finales de julio; en Suecia, el acusado cumple condenas previas mientras se sustancia el nuevo proceso. Las autoridades educativas de los tres países han aplicado medidas cautelares de separación del cargo o inhabilitación para el contacto con estudiantes, en espera de las resoluciones judiciales definitivas.
Cómo la misma historia se cuenta en otros lugares.
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En Malasia, un profesor ha sido acusado de agresión sexual física contra un exalumno de 13 años y se declaró inocente. El caso se tramita bajo la ley de delitos sexuales contra menores, con los cargos leídos por separado en el tribunal.
En Brasil, un ex profesor de la Universidad de São Paulo ha sido imputado por violación, acoso sexual y agresión sexual contra ex alumnos. El tribunal aceptó la denuncia, convirtiendo el caso en un juicio penal que pone de relieve los abusos en el ámbito académico.
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