La crisis diplomática entre Bielorrusia y Ucrania se agravó este miércoles después de que el Ministerio de Exteriores bielorruso convocara al encargado de negocios ucraniano, Ivan Novitsky, para entregarle una nota de protesta por el ataque con dron contra un autobús que transportaba a un equipo de fútbol juvenil bielorruso en la región rusa de Briansk. El incidente, ocurrido la víspera en la carretera A240 cerca de la aldea de Nelzhichi, causó la muerte de una mujer que acompañaba al grupo —posteriormente se supo que estaba embarazada— y dejó al menos ocho heridos, entre ellos seis menores. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, calificó el hecho de “provocación” y “fascismo abierto”, aunque evitó señalar directamente a Kiev como responsable, limitándose a afirmar que el aparato era “de origen ucraniano”.

Desde la óptica de Moscú, el suceso se enmarca en una escalada de “actos terroristas” del régimen de Kiev contra civiles. El Comité de Instrucción ruso abrió una causa por terrorismo, reconoció como víctimas a 41 personas —19 niños y 22 adultos— y recuperó fragmentos del fuselaje y componentes electrónicos del dron. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, extendió la responsabilidad a las potencias occidentales que suministran armamento y sistemas de guiado a Ucrania, acusándolas de ser “parte del conflicto”. En paralelo, el Consejo de Representantes Permanentes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) anunció una sesión extraordinaria en Minsk para el 19 de junio, a petición de Bielorrusia, con el fin de debatir lo que califican de “acto de terrorismo contra ciudadanos pacíficos de la República de Bielorrusia”.

Kiev, por su parte, rechaza categóricamente cualquier implicación. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) difundió un documento que, según afirma, fue interceptado a un centro de monitoreo ruso y que indicaría la ausencia de drones ucranianos en el espacio aéreo del distrito de Pochep en el momento del impacto. La inteligencia ucraniana sostiene que se trata de una “operación de los servicios especiales rusos” destinada a involucrar a Bielorrusia más directamente en la guerra. El ombudsman ucraniano, Dmitro Lubinets, insistió en que las fuerzas de Kiev nunca atacan objetivos civiles, declaraciones que el diplomático ruso Rodion Miroshnik tachó de “cinismo y mentira absoluta”.

En Minsk, la respuesta ha combinado la indignación oficial con un repliegue preventivo. Lukashenko ordenó prohibir los viajes al extranjero de grupos infantiles sin supervisión y autorización estatal, y pidió a los padres “quedarse en casa” porque la frontera sur “arde como nunca”. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Gómel y Minsk tras un consiliario médico conjunto ruso-bielorruso; el niño más grave permanece con ventilación asistida. La nota diplomática exige a Ucrania “explicaciones exhaustivas” y una investigación inmediata, aunque el tono del líder bielorruso —“no nos apresuramos a sacar conclusiones”— sugiere cautela ante un escenario que podría arrastrar a su país a una fase más activa del conflicto.

Analistas en Bruselas y América Latina observan que el episodio ilustra la creciente porosidad de un frente que ya no se limita al territorio ucraniano. La utilización de drones de largo alcance y la disputa sobre su origen convierten cada incidente en un duelo de narrativas. Mientras Rusia y Bielorrusia buscan consolidar un relato de agresión ucraniana contra civiles para reforzar la cohesión interna y la solidaridad dentro de la CEI, Ucrania y sus aliados occidentales temen que este tipo de acusaciones sirvan de pretexto para una mayor implicación militar bielorrusa. La reunión extraordinaria de la CEI en Minsk será un termómetro de hasta qué punto los socios postsoviéticos están dispuestos a respaldar la versión de Moscú y Minsk, en un momento en que la guerra parece desbordar sus contornos originales.