Un autobús que transportaba a un equipo de fútbol infantil bielorruso desde Gómel hacia la localidad costera rusa de Gelendzhik fue alcanzado el 17 de junio por un dron de ala fija en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania. El impacto mató a una mujer que acompañaba al grupo, identificada como Victoria Goroshko, y dejó al menos ocho heridos —seis de ellos menores de edad—, según fuentes oficiales de Rusia y Bielorrusia. Las imágenes del vehículo siniestrado mostraban ventanas destrozadas y marcas de metralla. Tanto el Kremlin como el Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso calificaron el suceso de «acto terrorista» y abrieron investigaciones penales, mientras el presidente Vladímir Putin ordenaba personalmente al ministro de Sanidad que enviara refuerzos médicos a la zona.

Desde Kiev, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas negó categóricamente haber empleado drones contra objetivos en Briansk en el momento del ataque, y calificó las acusaciones de «falsas». En canales prorrusos y de la oposición bielorrusa circularon versiones que atribuían el incidente a una provocación de los servicios de seguridad rusos para implicar a Minsk en el conflicto, hipótesis que fue desmentida por medios rusos al señalar que la trayectoria del dron y la proximidad de la carretera a la frontera ucraniana hacían técnicamente plausible un ataque desde territorio controlado por Kiev. La reacción de Bielorrusia combinó una condena firme con un matiz de cautela: mientras exigía «explicaciones exhaustivas» a Ucrania, el presidente Alexander Lukashenko guardó silencio público y la cancillería recordó la obligación de evitar que grupos de ciudadanos, especialmente niños, viajen a zonas de conflicto o regiones adyacentes.

La respuesta internacional fue mesurada. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, reiteró que los ataques contra civiles están prohibidos por el derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato, pero evitó atribuir responsabilidades. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza postsoviética liderada por Rusia, condenó el «acto criminal». Desde Moscú, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov acusó a Kiev de golpear deliberadamente a la población civil para sembrar el pánico, y la portavoz María Zajárova instó a los gobiernos y organismos internacionales a pronunciarse, advirtiendo que «el silencio equivaldrá a aprobar a los terroristas». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anticipó que las capitales europeas probablemente ignorarían la tragedia, y enmarcó la respuesta rusa en la continuación de la «operación militar especial».

El episodio agrava la tensión en un momento en que Ucrania ha intensificado sus ataques con drones contra infraestructura y territorio ruso, y en que Minsk se esfuerza por no verse arrastrado directamente a la guerra. Desde la óptica de Bruselas, la falta de una condena contundente puede interpretarse como cautela ante una narrativa que Moscú utiliza para justificar su ofensiva, pero también corre el riesgo de ser leída como indiferencia hacia las víctimas civiles. Analistas en América Latina observan que el uso de drones contra un autobús infantil, si se confirma, representaría una violación flagrante del derecho internacional y un peligroso precedente en conflictos asimétricos. La cooperación médica ruso-bielorrusa —con el envío de helicópteros y equipos de reanimación— mostró una coordinación operativa inmediata, pero el desenlace político dependerá de las pruebas que ambas partes presenten y de si la comunidad internacional decide superar la polarización para investigar lo ocurrido.